Los funcionarios presionaron con su posible dimisión si se divulgaban los documentos que se encontraron en el allanamiento de la oficina de un senador acusado de recibir sobornos por 100.000 dólares.
El fiscal general de Estados Unidos, Alberto Gonzales, y el director del FBI, Robert Mueller, amenazaron esta semana a la Casa Blanca con renunciar si les obligaba a entregar el material incautado en el registro a la oficina de un legislador, informan este sábado varios medios estadounidenses.
Otros altos cargos del Departamento de Justicia, incluido el lugarteniente de Gonzales, Paul McNulty, también pusieron su cargo encima de la mesa, según dijeron a medios de prensa funcionarios no identificados.
El conflicto entre la Casa Blanca y los principales directivos de justicia de Estados Unidos no llegó a dimisiones porque el presidente, George W. Bush, ordenó el jueves que las pruebas fueran selladas y colocadas bajo la custodia del abogado que representa al gobierno federal en las causas ante el Tribunal Supremo.
En disputa está el derecho de las autoridades policiales federales a realizar un registro en las oficinas de un legislador.
El investigado es el demócrata William Jefferson, quien presuntamente aceptó sobornos y cuya oficina en la Cámara de Representantes fue ocupada hace una semana por agentes federales.
Se trató del primer registro de ese tipo en la historia de los Estados Unidos y los colegas de Jefferson en el Congreso alzaron el grito en el cielo, con el argumento de que fue inconstitucional al violar la separación de poderes.
El abanderado de las críticas ha sido el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Dennis Hastert, que ha sido secundado por la líder de los demócratas en ese órgano, Nancy Pelosi. Ambos han solicitado la devolución de todo lo incautado.
Han encontrado un oído amigo en el vicepresidente de EEUU, Dick
Cheney, según las fuentes, que han indicado que Cheney se ha convertido en el principal crítico en el seno de la Casa Blanca de las acciones del Departamento de Justicia.
La Agencia Federal de Investigación (FBI) abrió en marzo del 2005 una investigación sobre las actividades de Jefferson, que representa un distrito de Louisiana.
En julio de 2005, un empresario grabó con cámara oculta cuando Jefferson recibía un soborno de 100.000 dólares (alrededor de 524 millones de pesos).
En agosto, la policía registró su domicilio en Washington y encontró 90.000 dólares (unos 470 millones de pesos) en el refrigerador.
Dos personas se han declarado culpables de sobornar a Jefferson para que usase su influencia como congresista en beneficio de sus negocios en Africa. No obstante, las autoridades aún no han presentado cargos formales contra el político demócrata. (EFE)
