Los acusa de tardar demasiado al alertar a los estudiantes de la fatal balacera del 2007.
Autoridades del Instituto Tecnológico pusieron en tela de juicio esa conclusión.
El Departamento de Educación de EE.UU. difundió un informe en el que acusó al Instituto Tecnológico de Virginia de no acatar las leyes federales al tardar demasiado en alertar a los estudiantes de que uno de sus compañeros había comenzado a disparar durante un hecho ocurrido en 2007.
El incidente, el más letal ocurrido en un establecimiento de educación de Estados Unidos, ocurrió el 16 de abril de ese año y terminó con la muerte de 32 estudiantes y el suicidio del atacante.
Según el reporte, preparado en enero y presentado este martes, las autoridades del instituto no acataron una disposición que obliga a las universidades a avisar de manera oportuna a sus alumnos cuando existe una situación de peligro.
El texto añade que pasaron más de dos horas desde que el estudiante Seung-Hui Cho, de origen surcoreano, comenzara a disparar para que se diera el aviso, y que las advertencias "no se prepararon o se difundieron de una forma que diera una notificación clara y oportuna de una amenaza para la salud y la seguridad de los miembros de la comunidad universitaria".
Las autoridades del Instituto Tecnológico pusieron en tela de juicio esa conclusión y señalaron que se cumplieron las normas establecidas, y afirmaron que el informe estaba parcializado.
Por otra parte, en su respuesta al reporte, añadieron que el Gobierno pretende aplicar de manera retroactiva normas que se pusieron en práctica dos años después del incidente.
"Los profesionales del Instituto Tecnológico de Virginia actuaron de forma adecuada ante los trágicos acontecimientos... sobre la base de la mejor información de que disponían", señaló Michael Mulhare, quien preparó la réplica del instituto al informe del Departamento de Educación.
"No es realista o adecuado hablar de normas que no estaban en vigor en 2007", agregó.
Fuentes de la institución académica dijeron que el Instituto podría ser obligado a pagar una multa de hasta 55.000 dólares por dos violaciones denunciadas en el informe.
El plantel educativo enfrenta también una demanda civil presentada por las familias de dos de los estudiantes asesinados que exigen una compensación de 10 millones de dólares.
