El primer ministro de Italia, Silvio Berlusconi, reaccionó con dureza contra los que estén implicados en una supuesta red de corrupción, llamada "lista Anemona", compuesta por 400 nombres de personalidades del mundo de la política, de las fuerzas de seguridad y del espectáculo italiano.
Según informaron este viernes los periódicos italianos, el goteo diario de nuevos nombres incluidos en la lista llevó a Berlusconi a afirmar, en una cena anoche con su círculo más próximo, que "el que se haya visto implicado (en la supuesta red) deberá pagar y salir del Gobierno o del partido".
Los nombres aparecieron entre la lista de contactos del constructor Diego Anemone, acusado de corrupción como máximo beneficiario de la red de políticos y funcionarios que le adjudicaban concesiones de las contratas para las grandes obras públicas italianas entre las que se encuentran las infraestructuras del G 8 de La Magdalena, que finalmente se celebró en la ciudad de L'Aquila, a cambio de regalos.
El primer ministro teme, según los medios, que la trama se extienda a su Ejecutivo porque ya salpicó al ministro Claudio Scajola (ministro de Desarrollo Económico) quien tuvo que dimitir. A Scajola se le imputó la compra de un apartamento en Roma con vista al Coliseo con dinero negro proveniente de uno de los implicados en la supuesta trama corrupta del G8 de La Magdalena.
Berlusconi insistió en sus círculos más cercanos que no se trata de una Tangentopoli, aunque subrayó que despedirá a quien "se vea implicado en la investigaciones de los jueces", durante una cena celebrada anoche y de la que hicieron eco los medios.
La existencia de la lista se hizo pública el miércoles pasado por la noche y provocó la airada defensa de muchos de los incluidos. La lista podría incluir, además del nombre de los corruptos, la descripción de los trabajos realizados a su favor en pago por su intervención.
La sospecha de los investigadores, refieren los medios, es que haya una segunda lista en la que haya nombres de mayor envergadura como ministros y subsecretarios.
A pesar de la dura reacción de Berlusconi, la posición oficial es dejar trabajar a los magistrados para conocer cuál es el calado del entramado.