Clara Szczaranski aseguró que no tiene la certeza si es el ex dictador o su defensa la que está realizando una "verdadera obstrucción a la justicia".
La presidenta del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Clara Szczaranski, acusó la existencia de obstrucción a la justicia en el caso de las cuentas secretas del ex dictador Augusto Pinochet Ugarte.
Tras reunirse con el presidente de la Corte suprema, Marcos Libedinsky, la titular del CDE afirmó respecto a la familia Pinochet que "no han colaborado, inicialmente dijeron que iban a poner todo a disposición del juez, nosotros les creímos, pero la verdad es que este depósito reciente de abril, el hecho de seguir manteniendo recursos ocultos, de no haber entregado la información de todas las cuentas, acabamos de informarnos de la existencia de muchas otras cuentas, indica que no están colaborando".
"No se si es él, si su defensa es inocente o si su defensa ha participado de esta verdadera obstrucción a la justicia, pero esas cosas hay que investigarlas", añadió.
El viernes 12 de agosto, el CDE informó que gracias a diligencias realizadas en Miami, Estados Unidos, obtuvo la incautación y posterior transferencia a Chile de fondos por un total de un millón de dólares que Pinochet mantenía en dos cuentas en una entidad bancaria con sede en esa ciudad.
A comienzos de 2005, el juez del denominado caso Riggs, Sergio Muñoz, decretó el embargo de los bienes de Augusto Pinochet, por un monto cercano a los seis millones de dólares. De esa suma, cerca de 1.500 millones de pesos fueron liberados para el pago de impuesto que el ex dictador adeudaba.
Paralelamente a la incautación conocida el viernes, el Servicio de Impuestos Internos (SII) amplió el jueves 11 de agosto su querella contra Augusto Pinochet Ugarte a su esposa -Lucía Hiriart- e hijo Marco Antonio, por declaraciones maliciosamente incompletas como contribuyentes.
En su cita con Libedinsky, la presidenta del CDE le pidió dedicación exclusiva a la magistrada de Parral Ximena Pérez para el caso de asociación ilícita contra la ex Colonia Dignidad, en que también trabajan Hernán González (por abusos de menores) y Jorge Zepeda (causas de derechos humanos).
