Marcelo Castillo acusó en Lo Que Queda del Día una serie de irregularidades en el proceso de evaluación ambiental.
"Vemos a un Gobierno ausente en las denuncias más que comprometido en investigar", señaló.
El abogado del Consejo de Defensa de la Patagonia, Marcelo Castillo, aseguró que el proyecto HidroAysén enfrenta una serie de irregularidades desde 2008, cuando se presentó el estudio de impacto ambiental, al destacar el fallo de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt de este lunes.
El tribunal de alzada paralizó la construcción de las megarepresas en la Patagonia, al acoger recursos de protección interpuestos por parlamentarios y organismos ciudadanos a la resolución de la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Aysén que dio el visto bueno al proyecto hidroeléctrico.
"Todo este proceso ha estado plagado de irregularidades que denunciamos desde que se presentó en agosto de 2008, cuando 21 servicios públicos dijeron que este estudio de impacto ambiental carecía de información esencial y relevante y que no cumplía con la legislación ambiental, y en ese momento el proyecto debió ser rechazado", señaló en Lo Que Queda del Día.
"Acá hay un proyecto que está totalmente viciado, que se han cometido muchas ilegalidades y que además es un mal proyecto", agregó Castillo.
El abogado pidió respetar "la institucionalidad ambiental, entregar todas las facilidades para que se investigue", pero aseguró que "vemos a un Gobierno más ausente y expectante de todas estas denuncias e irregularidades, más que un Gobierno comprometido en investigar que es lo que ocurrió acá".
"Se acaba el proyecto"
Castillo citó que "el día de la votación el ministro del Interior (Rodrigo Hinzpeter) llamó a aprobar el proyecto", algo que "resulta evidentemente contrario a la lógica, a la razón, al derecho, porque no hay ningún proyecto en la historia que yo haya visto que un ministro el día de la votación pide que lo aprueben".
Además, el abogado indicó que con esta decisión del tribunal "se acaba el proyecto tal como está concebido hoy" y anunció nuevas acciones legales para que finalmente "no se haga".
"Nosotros dijimos cuando se aprobó este proyecto que ahí recién comenzaba la disputa en relación con este proyecto. Estábamos en el primer tiempo con un árbitro 'saquero' que era la administración del Estado, y ahora vamos a hacer que todo vuelva a los cauces jurídicos y que se respete el Estado de Derecho", concluyó.
