Expertos penales mostraron su beneplácito al uso del brazalete electrónico por parte del Poder Judicial como medida alternativa para el seguimiento de los involucrados en ciertos delitos.
Esto, luego de la negativa de la magistrada del Cuarto Tribunal de Garantía de Santiago, Andrea Osorio, quien se opuso al acuerdo alcanzado por el Ministerio Público y la defensa de un imputado por estafa de conmutar la prisión preventiva por el uso del dispositivo GPS.
"No me parece una imposibilidad legal, porque sino siempre habría que hacer leyes para todo. Creo que pedir una ley para algo así dificulta todo, no veo en que ayude el hacerlo por vía legal", indicó el profesor de la Universidad Diego Portales Cristian Riego.
En tanto, los dueños de la empresa que proporciona el brazalete electrónico, cuyo costo es de 180 mil pesos, indicó que su uso por el sistema judicial de EE.UU. avala su legitimidad y eficacia.
"Hay dos temas independientes, primero el aspecto legal que lo verán los jueces con la fiscalía y llegarán a un conclusión entre ellos. El otro es que el sistema entrega las garantías necesarias, tanto técnicas como operacionales, que se cumple lo que se ofrece, de hecho es la misma plataforma que se ocupa en algunos estados de EE.UU.", sostuvieron.