Datos y cifras: informe anual de AI expone casos de DDHH en Chile desde el estallido social

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl / EFE

Reporte latinoamericano publicado este jueves denuncia que durante los estados de excepción "aumentó drásticamente el número de abusos cometidos por el Estado".

Las fuerzas de orden, dice la ONG, "intentaron justificar" estos crímenes alegando que "eran necesarias para proteger las infraestructuras y la propiedad privada".

El pasado año "no se produjeron avances sustanciales en otros problemas persistentes", como el aborto, la criminalización de los mapuche o medio ambiente.

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Datos y cifras: informe anual de AI expone casos de DDHH en Chile desde el estallido social
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La organización Amnistía Internacional (AI) consideró "muy alarmante" la situación de derechos humanos en América Latina, una región que tiene cifradas sus esperanzas en los jóvenes y las mujeres que han encabezado movilizaciones en distintos países.

Precisamente las multitudinarias protestas en diferentes países de la región marcaron un convulso 2019 en el que la región se mantuvo como la más violenta y desigual para los defensores de derechos humanos y los periodistas. Con atención especial en países como Chile, Venezuela y México, entre los más impactados.

AI reiteró este jueves que Chile cerró 2019 con la peor crisis de derechos humanos desde la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y que las manifestaciones que desde octubre claman contra la desigualdad se encontraron con una "fuerte" represión policial.

"Las fuerzas del Estado intentaron justificar su uso de la violencia contra manifestantes alegando que tales medidas eran necesarias para proteger las infraestructuras y la propiedad privada frente a daños y vandalismo", dijo la ONG en su informe anual.

La organización, que envió una misión de observación al país a mediados de noviembre, aseguró que durante los diez días en los que rigió el estado de emergencia y en los que los militares estuvieron a cargo de la seguridad "aumentó drásticamente el número de abusos cometidos por el Estado" y que a finales del año "las víctimas de violaciones de derechos humanos, sobre todo a manos de los Carabineros, se contaban por miles".

Estos abusos pasan desde el uso de armas letales contra los manifestantes, uso de munición potencialmente letal y de gases lacrimógenos "de manera injustificada, generalizada e indiscriminada", ataques contra periodistas y violencia contra personas a las que ya se había arrestado, agregó AI.

Tras su paso por el país, la organización acusó tanto al Ejército como a los Carabineros de cometer "ataques generalizados" y aseguró que las violaciones a los derechos humanos "no son hechos aislados o esporádicos", sino que responden a un patrón y muestran un "grado de coordinación", unas declaraciones que fueron rechazadas frontalmente por el Gobierno.

Ana Piquer, directora ejecutiva de AI, indicó que "quizás lo más triste de este balance es ver como Chile, a través de las decisiones que ha ido adoptando el Presidente Piñera y su Gobierno, se ha ido sumando a la lista de Gobiernos intolerantes y con tendencia autoritaria que dedican su tiempo a reprimir la protesta, en lugar de escuchar las demandas de la ciudadanía o dar protección a quienes necesitan protección".

"Desde antes de octubre habíamos detectado que, durante el primer año de Gobierno del Presidente Piñera, se habían producido retrocesos en materia de DD.HH. Con el estallido social de octubre, esta deuda ha crecido, y muchísimo", dijo.

Aparte del estallido social, Amnistía Internacional advirtió en el mismo informe de que durante el pasado año "no se produjeron avances sustanciales en otros problemas persistentes como la criminalización del aborto, la impunidad por los crímenes cometidos en el pasado, la criminalización del pueblo mapuche y la falta de progreso en materia de derechos ambientales".

AI apunta a "responsabilidades políticas" por violaciones de DDHH

El vocero de AI, Roberto Morales, enfatizó que "la responsabilidad de la violación de DDHH no es responsabilidad sólo del carabinero o militar que cometió el delito en sí, sino que se tiene que investigar a los mandos, la responsabilidad institucional y política.

Aquello "porque -explicó- en el caso de Carabineros de Chile, por ejemplo, es una institución jerarquizada, que tiene una dependencia política del Ministerio del Interior, y por lo tanto, del Gobierno. Es una situación que es compleja y que sigue generándose violencia que a nuestro juicio es absolutamente innecesaria".

Amnistía también manifestó su preocupación por la Ley de Seguridad Interior del Estado, ya que -apuntó- la norma contiene tipos penales extremadamente vagos y la facultad de calificar qué es o no un delito de ese tipo recae en el ejecutivo, lo cual -adviertió la ONG- puede derivar en utilización política y criminzalición de la protesta.

Abogado: Queda en evidencia el desfonde de Carabineros

El abogado de DDHH Héctor Salazar analizó que el informe y la situación en el país "dejan al desnudo que hoy hay un problema que se arrastra desde hace mucho tiempo, y que quedó en evidencia, que es el desfonde de Carabineros de Chile".

El letrado apuntó a la policía uniformada y "su falta de control por parte de la autoridad civil. Su falta de profesionalismo. Y una cosa que es histórica, la tendencia a no respetar los derechos fundamentales de las personas cuando se trata de resguardar el orden público y tener una conducta brutal de represión

Recogiendo cifras de distintas organizaciones del Estado, Amnistía detalla que la crisis en Chile ha dejado al menos 31 muertes, cuatro de ellas imputadas a agentes del Estado, además de 13 mil heridos y 2.500 denuncias por presuntas violaciones a los derechos humanos.

La situación de la ley de aborto

Amnistía también manifestó su preocupación por la implementación de la ley de aborto en tres causales, que consideran ha sido insuficiente.

Desde la coordinadora Feministas en Lucha, la vocera Gema Ortega subrayó que "como feministas no es ninguna novedad; de hecho hay distintas organizaciones que están trabajando en torno a la implementación de la IVE (interrupción voluntaria del embarazo)".

"Desde la implementación de la ley hacen un informe, han entrevistado a médicos, usuarias, y han llegado a al conclusión de que existen distintas trabas a nivel institucional, pero también a partir del mismo uso que hacen algunos profesionales de la salud".

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