Presidente Boric firmó el Acuerdo de Escazú: "La vida no puede esperar"

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl/EFE

El Mandatario firmó su primer proyecto y llamó al Congreso a aprobar el acuerdo "con rapidez".

En su discurso recordó la lucha de las fallecidas Macarena Valdés y Nicolasa Quintremán.

Presidente Boric firmó el Acuerdo de Escazú:
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El Presidente Gabriel Boric firmó el Acuerdo de Escazú, un tratado internacional ratificado por 24 países de América Latina y el Caribe que pretende garantizar el acceso a diversos derechos medioambientales y proteger la biodiversidad en tiempos de emergencia climática.

"Como no pensar hoy día en aquellos casos en los que aún la duda nos carcome, estoy pensando en Macarena Valdés, estoy pensando en Nicolasa Quintremán y quiero mencionar también, por cierto, a Orietta Llauca, para que no sea uno de esos casos", expresó Boric al iniciar su discurso tras la firma del acuerdo recordando los extraños decesos de las emblemáticas defensoras medioambientales.

El Mandatario firmó su primer proyecto destacando que esto "va a hacer realidad la participación de Chile en el Acuerdo de Escazú" y llamó al Congreso a que "aprobemos esto con rapidez porque la vida no puede esperar".

Boric destacó que "este es el primer proyecto que vamos a enviar al Congreso y esto es relevante, no sólo porque somos un Gobierno que cumple con sus compromisos, sino que porque da cuenta del sentido de urgencia (...) con que entendemos la crisis climática y la protección de los derechos humanos de aquellos y aquellas que defienden nuestro entorno, nuestro hogar, nuestro río, nuestro mar, nuestras costas y nuestros bosques".

"Hoy estamos firmando y cumpliendo este compromiso. Es importante su energía (la de los luchadores del medioambiente) que han asumido la tarea de no dejar de recordarnos lo importante de este acuerdo para la protección de los derechos humanos y el medioambiente y, además, desde América Latina y El Caribe le estamos hablando al mundo", resaltó.

El Presidente añadió que "este acuerdo representa un hito en el camino hacia una nueva relación entre el Estado y sus habitantes en materia ambiental y requiere del compromiso de todas y todos. Tenemos el desafío de construir juntos un nuevo modelo de desarrollo que nos permita vivir en un ambiente sano, desarrollarnos de manera sustentable, conservar nuestra biodiversidad".

Tras firmar este acuerdo internacional, Boric destacó el trabajo de los activistas medioambientales, asegurando que "ustedes nos han enseñado a perseverar y por ustedes estamos acá".

"Así como hoy avanzamos en la firma de Escazú, mañana seguiremos por pensiones dignas, salud de calidad y la erradicación de la violencia de género en establecimientos educacionales", detalló el Mandatario en su cuenta de Twitter.

La adhesión de Chile a esta carta, impulsada tras la Conferencia de Naciones Unidas sobre el desarrollo Sostenible celebrada en 2012, fue planteada por el primer Gobierno de Sebastián Piñera, pero fue desechada durante su segundo periodo por presiones de la industria y la minería.

"ES UN ACUERDO QUE RECONOCE LA RELACIÓN NECESARIA ENTRE MEDIOAMBIENTE Y DDHH"

Durante la firma, que supone una de las primeras decisiones de calado de la nueva Administración, el mandatario estuvo acompañado de las ministras de Asuntos Exteriores, Antonia Urrejola, y Medioambiente, Maisa Rojas.

"Se trata de un acuerdo que reconoce la relación explícita y necesaria entre medioambiente y derechos humanos, generando un vínculo virtuoso en donde el acceso a la información, a la participación y la justicia medioambiental se entienden como interdependientes", puntualizó Rojas antes de la firma.

Urrejola, por su parte, aseguró que "el futuro de Chile está inevitablemente conectado con la protección del medioambiente y los ecosistemas. La Adhesión al acuerdo de Escazú representa el retorno a lo mejor de nuestra tradición diplomática. Queremos recuperar el prestigio internacional de Chile y que los chilenos y chilenas se sientan orgullosos y orgullosas de la contribución del país al mundo".

CRÍTICAS DE LA DERECHA

La firma fue aplaudida el jueves por las fuerzas progresistas en Chile y criticada por algunos grupos situados a la derecha.

La diputada de Revolución Democrática Catalina Pérez explicó el jueves a la prensa que la firma se ajusta al camino correcto y opinó que será muy beneficioso y contribuirá en la protección de ecosistemas.

En respuesta, su colega de Renovación Nacional José Miguel Castro aseguró que la adhesión a este tratado, que es el primero que protege a los defensores de los derechos ambientales, puede generar conflictos con otros países, entre ellos Bolivia.

Por su parte, el timonel del Partido Republicano, Rojo Edwards, advirtió que "la ambigüedad de este tratado abre una puerta para que seamos demandados en cortes internacionales, debilitando nuestra justicia y autonomía".

"Además, va a aumentar los conflictos ambientales de los cuales muchos activistas viven", puntualizó el senador.

En tanto, el ex ministro de Medio Ambiente durante el segundo mandato de Michelle Bachelet, Marcelo Mena, aseguró que "el fondo de la razón por la cual se opuso al gobierno, en mi opinión, de Piñera a Escazú, es que no quería garantizar constitucionalmente la participación ciudadana en temas ambientales".

"Las razones que decía con respecto a soberanía no son reales, porque posteriormente se firmó el acuerdo Minamata que tiene prohibiciones idénticas al Acuerdo Escazú", detalló.

EVITAR MÁS CRÍMENES

El acuerdo de Escazú está considerado como uno de los instrumentos ambientales más importantes de la región, destinado igualmente a evitar que se repitan las amenazas y los asesinatos de defensores de los derechos ambientales como la líder indígena lenca hondureña Berta Cáceres, o el brasileño Chico Mendes.

Entre sus objetivos principales busca implementar de forma plena y efectiva los derechos de acceso a la información ambiental, a la participación pública en aquellos procesos de toma de las decisiones en entorno ambiental y al acceso a la justicia en el ámbito ambiental.

Asimismo, pretende garantizar la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a tener un desarrollo sostenible y a vivir en un medioambiente sano.

Entre sus disposiciones incluye perspectiva de género, gobierno abierto y criterios de prioridad en su aplicación para personas en situación de vulnerabilidad, además de ser uno de los primeros del mundo vinculante en el marco de la defensa y el respeto a los derechos humanos en cuestiones relacionadas con la naturaleza.

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