La Fiscalía acusa a los cónsules Frank Sinclair y Gustavo Cantuarias por el ingreso irregular de 228 ciudadanos indios y nepalese entre 2015 y 2017.
La investigación apunta que, junto a otros implicados, se embolsaron 900 millones de pesos con los ilícitos.
La justicia fijó audiencia de formalización para el 11 de enero.
Dos diplomáticos chilenos, Frank Sinclair Manley y Gustavo Cantuarias Concha, están siendo investigados por la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente por el ingreso ilegal de extranjeros al país y serán formalizados el próximo 11 de enero.
Para ese día el Octavo Juzgado de Garantía fijó la audiencia de imputación de cargos por el presunto delito de tráfico de inmigrantes indios y nepaleses contra ambos diplomáticos, que ya fueron notificados, según fuentes del caso.
En la actualidad, Sinclair es cónsul general de Chile en Córdoba (Argentina) y Cantuarias se desempeña como cónsul general en Dublín, la capital de Irlanda, y ambos, de ser hallados culpables, arriesgan penas de hasta cinco años de prisión.
El caso ha sido investigado durante dos años por el fiscal Carlos Ramírez, que constató el ingreso irregular de 228 ciudadanos de la India y Nepal entre 2015 y 2017.
De esa cantidad, al menos 160 aún viven en Chile, mientras un número no determinado después de llegar a Chile siguieron viaje a Estados Unidos.
Organización ilícita
De acuerdo con La Tercera, la investigación determinó que Cantuarias emitió visados de estudiantes, que permiten una estancia de hasta un año en Chile, a los extranjeros, cuyos documentos y certificados eran otorgados en Nueva Delhi por el Multicultural Institute of Education Limitada (MCI).
Se trata, según el rotativo, de una sociedad creada en noviembre de 2014 por Sinclair, Christian Chahuán Sabag y Jitendra Khatwani Takord, estos dos últimos también expuestos a ser imputados como miembros de la organización ilícita, además de una quinta persona, Josefina Sinclair Alcalde, hija del cónsul.
Frank Sinclair es hijo del general Santiago Sinclair Oyaneder, quien fue miembro de la junta militar de la dictadura de Augusto Pinochet y senador designado en los primeros años tras la vuelta a la democracia.
Según la investigación, se especula que los diplomáticos y demás implicados se embolsaron unos 900 millones de pesos, ya que cada inmigrante les pagaba entre 6.000 y 8.000 dólares (entre 4 y 5 millones y medio de pesos).
