Dos carabineros fueron detenidos este viernes por la muerte de un hombre al que le dispararon durante un control vehicular realizado en la comuna de Padre Las Casas, en la Región de La Araucanía.
El incidente ocurrió la madrugada del 17 de agosto en las cercanías del cruce del aeródromo Maquehue, donde los uniformados realizaron una fiscalización -y posterior persecución- a un vehículo conducido por el rapero Gabriel Utreras, de 37 años, conocido como "Vegetal" en el mundo del hip-hop.
"Se generó un procedimiento policial que involucra un vehículo particular, en cuyo intento de fiscalización de tránsito, uno de los funcionarios de Carabineros, que vio amenazada su integridad física, hace uso de su arma de servicio impactando al conductor", informó en su momento Carabineros a través de un comunicado.
El Ministerio Público señaló que la investigación del caso "fue desarrollada por un fiscal preferente de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, junto a la Brigada de Homicidios de la PDI".
Los funcionarios involucrados fueron identificados como el cabo primero Sebastián Zárate y al cabo segundo Manuel Méndez, quienes pasaron a control de detención durante esta jornada en el Juzgado de Garantía de Temuco.
La Fiscalía los formalizó por el delito de homicidio consumado por la muerte del conductor, y por homicidio tentado contra los otros ocupantes del vehículo involucrado.
Tribunal acreditó obstrucción de la investigación
El fiscal regional suplente de La Araucanía, César Schibar, indicó que -en un principio- el caso fue tratado como un ataque por parte de las víctimas hacia los carabineros que participaron en el procedimiento, lo que motivó a la utilización de sus armas de servicio, conforme a lo declarado por los uniformados.
Sin embargo, subrayó que en la investigación realizada por la PDI se recabaron "antecedentes que permitieron desvirtuar esta presunción de inocencia (de los funcionarios), toda vez que no existió un uso racional de la fuerza, y sí se pudo establecer que no existió una agresión ilegítima".
"Se pudo observar la ausencia de un ataque por parte de las víctimas hacia Carabineros, y la utilización del arma de fuego de uno de los funcionarios, disparando a corta distancia en contra del vehículo en que se transportaban las víctimas", detalló.
El persecutor enfatizó que también se acreditó el delito de "obstrucción a la investigación, toda vez que los funcionarios que participaron en este procedimiento entregaron datos falsos, que fueron contrastados con elementos objetivos de manera imparcial, lo que motivó a la Fiscalía a solicitar la orden de detención respectiva".
Finalmente, el Tribunal impuso la prisión preventiva a Zárate, por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio consumado, homicidio tentado y obstrucción a la investigación.
En tanto, Méndez solo fue imputado por el delito consumado de obstrucción a la investigación, y quedó sujeto a un arresto domiciliario parcial, así como a las cautelares de prohibición de comunicarse con el coimputado y de acercarse a la familia del fallecido.
INDH objeta que se anticipe un funeral de "alto riesgo"
Por otro lado, la Delegación Presidencial de La Araucanía calificó el funeral de Gabriel Utreras como de "alto riesgo", una medida que ha sido duramente criticada por la familia del músico y por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), que solicitó un informe detallado para conocer los fundamentos de la decisión adoptada.
"Hay un daño reputacional enorme a la familia y al propio occiso al ser expuesto por los informes de Carabineros como un delincuente, lo que además agrava la situación", fustigó el director del INDH Araucanía, Federico Aguirre.
En cuanto a la causa contra los policías, advirtió que "evoca lo que sucedió con Camilo Catrillanca", pues "no solo hay un hecho doloso que es investigado por la Justicia, sino que también hay presunciones muy fundadas de adulteración, encubrimiento y obstrucción de la investigación".
Respecto de la despedida del fallecido, el seremi de Seguridad Pública, Luis Calderón, argumentó: "Carabineros tiene la obligación, dentro del plazo de dos horas, de emitir los informes respectivos y el delegado presidencial de decretar un funeral de riesgo, no de alto riesgo".
"Además, la base del informe está parametrizada en la propia ley, con distintas circunstancias que tienen que darse para arrojar un puntaje y determinar si es de riesgo o no", aseveró la autoridad regional.
