La iniciativa, que está siendo tramitada en el marco del reajuste al sector público, originalmente tenía un margen de dos años.
El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, espera que con esta decisión se logre un rápido avance en el Congreso.
El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, anunció este lunes que el Ejecutivo presentará una indicación para subir de dos a al menos cinco años el plazo de permanencia en el Estado para que los funcionarios despedidos por la próxima administración puedan apelar a esta decisión.
Esta modificación en el texto busca dejar atrás las críticas sobre eventuales "amarres" a funcionarios públicos, recalcando que esta normativa no prohíbe los despidos, sino que solamente busca que sean adecuadamente fundamentados.
Grau dijo que con este cambio ve difícil que no se logre un acuerdo en el Congreso en esta materia.
"Con el cambio que introdujimos, la posibilidad de reclamar en Contraloría por un despido injustificado solo queda para personas con 5 años o más de antigüedad en el Estado. Por ende, no es para quienes ingresaron durante este gobierno", afirmó el secretario de Estado, buscando destrabar un punto cuestionado por diversos sectores, sobre todo de oposición.
En esta línea, explicó que "este cambio, que hemos hecho escuchando a los parlamentarios y a los funcionarios, permite evitar arbitrariedades en caso de funcionarios que trabajan para el Estado y no para un gobierno específicamente".
"Esta norma, junto con la obligación de que todos los asesores políticos deban renunciar el 11 junto con las autoridades a quienes asesoran, resguarda que la próxima administración pueda conformar adecuadamente sus equipos y llevar adelante una transición institucional ordenada", puntualizó el jefe de la billetera fiscal.
La iniciativa del Ejecutivo busca regular las desvinculaciones de funcionarios mediante "un acto administrativo fundado, expresando las razones", aunque este derecho a reclamo ante Contraloría estaría limitado a quienes hayan cumplido al menos dos años en sus puestos.
Asimismo, se precisó que los funcionarios que ingresaron por alta dirección pública y no tienen cinco años de antigüedad tampoco tendrán derecho a reclamo por despidos.
"Lo que pretende es básicamente establecer que, en caso de desvinculación, este acto administrativo se fundamente, como debe ser en un país donde impera el Estado de Derecho. Efectivamente, en ese marco, se ha planteado la extensión del plazo, y por tanto, es una norma que ni siquiera se aplicaría a quienes ingresaron durante el mandato del Presidente Boric", reafirmó el ministro del Interior, Álvaro Elizalde.
Desde la oposición, el diputado Felipe Donoso (UDI) criticó el enfoque del Gobierno, señalando que "aún no entiende la crítica" de su sector y que, en su opinión, el problema de fondo es la "superioridad en beneficios a un trabajador normal" de los funcionarios públicos.
El parlamentario también cuestionó la forma de introducir los cambios, acusando al Ejecutivo de "generar rigideces que están fuera de la ley y empezar a cambiarlas por el lado", dado que "si quieren hacer un cambio estatutario, presenten un proyecto y hagámoslo en serio, pero no de contrabando en la ley de reajuste al sector público".
"Cuando se dice que la evaluación debe tener una resolución fundada, se entorpece esa posibilidad, y abre un espacio a la judicialización, que en la práctica, entorpece la voluntad de los chilenos de tener alternancia en el poder", complementó el diputado RN Diego Schalper.
Por contraparte, el diputado Boris Barrera (PC) defendió la iniciativa propuesta por el Gobierno y aclaró que "hay una norma que habla de consulta a la Contraloría, (en la que) si despiden a una persona contratada la contralora debe opinar sobre eso, y el Consejo Fiscal Autónomo en relación a si es que realmente esto está financiado o no está financiado y cuánto de esto es lo que hay que reasignar".
Respecto al avance de la iniciativa, dio cuenta que "ya están confirmadas las dos audiencias, así que vamos a partir con esas exposiciones y de ahí vamos a continuar votando en particular el proyecto".
A pesar de la confianza oficialista, observadores políticos han expresado escepticismo sobre su viabilidad futura, indicando que el proyecto tiene escasas posibilidades de avanzar durante la administración del Presidente electo, José Antonio Kast, desde el 11 de marzo.
La Comisión de Hacienda de la Cámara recibió más tarde a la contralora Dorothy Pérez, quien dio a conocer sus reparos sobre la nueva indicación, relevando que "excede bastante lo que es una ley miscelánea, como la que está en trámite".
"Más allá de que puede ser muy loable que no haya discriminaciones arbitrarias, que se den fundamentos para las decisiones, lo cierto es que el efecto concreto y práctico es que esto afecta directamente a la carrera funcionaria, porque los funcionarios que han estado haciendo esa carrera pueden ser saltados, de manera oblicua, por terceros que son ajenos a la administración, o que han ingresado hace muy poco, que pueden acceder a cargos de mucho mayor grado", explicó la jefa del ente contralor.
Pérez apuntó que "hay muchas personas que están a contrata y ejercen labores de confianza de la jefatura del servicio, pero que en vez de ponerlas en el gabinete, las ubican en las divisiones".
Negociación colectiva multinivel
En paralelo, en un esfuerzo por modernizar las relaciones laborales y profundizar el diálogo social, el ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, y el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), José Díaz, anunciaron la mañana de este lunes el ingreso a tramitación de un proyecto de ley centrado en la negociación colectiva multinivel o negociación ramal.
Desde el Palacio Pereira, el secretario de Estado detalló que "este es un proyecto que apunta a una mejor redistribución de la riqueza, a abordar los problemas de productividad y crecimiento, pero también este es un proyecto que apunta a fortalecer el diálogo social y la democracia".
"Lo que apuntamos durante estas semanas es que se pueda ver un debate, primero no restarse de este debate y segundo algo que es más importante, discutir sin prejuicios", preció la autoridad.
Por su parte, el líder de la CUT valoró "el envío de este proyecto, porque con ello la democracia comienza a pagar una deuda histórica que tenía con el movimiento sindical. Este proyecto hubiese entrado antes, tendríamos un debate más aterrizado, más robusto, pero los tiempos son los que son".
Esta legislación, que se encuentra en una etapa avanzada de tramitación dentro de la actual administración, busca establecer nuevos marcos para la negociación entre distintos niveles de organización de trabajadores, desde la empresa hasta el sector productivo completo.
