Después de una larga e intensa discusión, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este miércoles el proyecto de reajuste al sector público, aunque dejó caer varias normas misceláneas incorporadas por el Gobierno.
El aumento de 3,4 por ciento e los salarios acordado con la Mesa del Sector Público fue apoyado por la mayoría de los parlamentarios, salvo por las bancadas de la UDI y Republicanos, que rechazaron la idea de legislar, y durante la discusión en particular.
Sin embargo, a falta de ocho votos -por ser una norma de quórum- se cayó la propuesta de establecer el principio de la confianza legítima, que la derecha calificó como una "ley de amarre".
La propuesta miscelánea buscaba que funcionarios a contrata con dos años de antigüedad pudieran reclamar ante la Contraloría si llegaran a ser despedidos por la próxima administración.
En resumen, "se aprobaron de forma muy mayoritaria el reajuste y todos los beneficios económicos que están acordados con la Mesa del Sector Público, lo que consideramos muy relevante. En lo que se refiere al proyecto de ley en su totalidad, se aprobaron 119 de 132 artículos, y el rechazo estuvo acotado a las leyes que tienen quórum calificado", explicó el ministro de Hacienda, Nicolás Grau.
A su vez, la coordinadora de la Mesa del Sector Público, Laura San Martín, admitió que "agradecemos el reajuste económico, pero lo más importante es la estabilidad laboral. Todavía confiamos en el Senado y en la reposición que va a poner el ministro de Hacienda sobre la confianza legítima, que ha sido tan manoseada por todas y todos".
"Si perdemos, vamos a seguir en nuestras negociaciones", adelantó la dirigenta.
La discusión del proyecto se reanudará en la Cámara Alta mañana jueves, donde pasó a segundo trámite.
Oposición acusa al Gobierno de "firmar un cheque sin fondos"
Aludiendo a las advertencias del Consejo Fiscal Autónomo, que apuntó a una falta de 822 millones de dólares para saldar el proyecto, el diputado republicano Agustín Romero argumentó que "nuestra votación de hoy no fue contra los trabajadores; fue una votación de responsabilidad".
"Lamentablemente, nos vimos obligados por las circunstancias: el Gobierno no le dejó margen a las finanzas públicas para poder aprobar un reajuste y finalmente, insistió en un reajuste desfinanciado", acusó el opositor.
En la misma línea, su par de la UDI Felipe Donoso aseveró que "lo que ha hecho el oficialismo y el Gobierno es firmar un cheque sin fondos, y este ministro (Grau) y estos parlamentarios tendrán que responder a los funcionarios públicos cuando no esté la plata para pagar el reajuste, o cuando el próximo gobierno tenga que despedir funcionarios o terminar con programas para pagarlo".
