El proyecto de reajuste al sector público ingresó este martes a tramitación bajo la calificación de suma urgencia, presentando una serie de modificaciones que van más allá del ajuste salarial.
Según lo informado, esta propuesta no solo incluye el reajuste, sino que además agrega unas 100 modificaciones a normas de distinta naturaleza.
Entre las disposiciones más relevantes, la iniciativa legislativa pospone el revalúo de bienes raíces, un proceso que el Servicio de Impuestos Internos (SII) tenía previsto para 2026, ahora trasladándolo a 2027.
Además, el proyecto establece un plazo especial para que los predios ocupados puedan solicitar una rebaja en el impuesto territorial.
Otro punto destacado es la extensión del fondo de emergencia transitorio destinado a la reconstrucción en Valparaíso. Se propone que sea desde el 2026 hasta el 2028.
El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, precisó que el proyecto "suma poco más de 1.600 millones de dólares. Cada uno de los órganos del sector público financian los recursos contemplados en su subtítulo 21 con sus presupuestos. La mayoría de los servicios logran hacer esto con los mismos presupuestos que tienen".
"Están las reasignaciones presupuestarias de cualquier subtítulo de gasto, con excepción, por supuesto, del servicio de la deuda pública y es lo que falte, lo que ocurre tradicionalmente es que se utiliza la partida presupuestaria del Tesoro Público", detalló.
La polémica renovación de contratas
En el ámbito de la gestión laboral, el proyecto aborda una polémica regla para la no renovación de contratas.
Se explicita en el proyecto de ley el acuerdo alcanzado con la mesa del sector público, que, para poner fin a estas contratas, debe realizarse un acto administrativo que exprese los fundamentos y hechos que forman parte de la decisión.
Este mecanismo busca dar mayor claridad y justificación a las decisiones sobre la continuidad de los contratos.
La dirigente del sector público, Gabriela Farías, precisó tras la sesión de la Comisión de Hacienda de la Cámara, que "las personas que trabajan a contrata, que son casi el 70% del gobierno central y más del 60% de las universidades y las municipalidades, merecen protección a la estabilidad de su trabajo y que eso no tiene nada que ver con las personas que son de mundos políticos o del gobierno".
Asimismo, la coordinadora de la mesa del sector, Laura San Martín, fue más dura y apuntó que "quiero decirles a los parlamentarios que cuiden su lenguaje con los trabajadores y trabajadoras. Los trabajadores que están en el Estado no son apernados".
"En todos los gobiernos han quedado trabajadores y trabajadoras que han entrado con tal y tal gobierno, y estos entran por una oficina de reclutamiento. No son fáciles como entran los cargos de confianza. Y eso ya sabemos que se van. Y por primera vez nosotros aceptamos que eso quedara en la ley de reajuste", sostuvo.
Nuevas normas para el personal de confianza
Una de las incorporaciones que generó especial atención es la regla sobre el cese de funciones del personal de asesoría directa en los gabinetes de altas autoridades, conocido como personal de confianza.
Según el proyecto, deberán presentar su renuncia para hacerla efectiva a más tardar el 11 de marzo. Y si ello no ocurre, se concretará la renuncia mediante la petición realizada por la autoridad que efectuó la designación, produciéndose igualmente el término de funciones por el solo ministerio de la Ley.
Esta disposición es significativa porque, lo que antes era un instructivo gubernamental, se incorpora ahora también como materia de ley dentro del proyecto de reajuste del sector público, otorgándole un carácter legal y permanente.
Los reparos de la oposición
Si bien cada vez que se tramita el reajuste se incluyen normas misceláneas, esta vez son 129 artículos de distinta índole, como la creación de un Juzgado de Policía Local en Calama, la modificación del calendario de instalación de 13 SLEP, entre otras propuestas.
Para el diputado UDI Felipe Donoso, "es insólita la cantidad de temas que se le han agregado, una infinidad de temas que van a hacer muy difícil que este proyecto avance rápido. Por lo tanto, propondremos separar este proyecto en la ley de reajuste y en los otros temas", ya que con el diseño actual es "imposible analizarlos como corresponde".
"El Gobierno rompió el récord", reafirmó su par de RN Frank Sauerbaum, antes de advertir que muchas de estas iniciativas "están desfinanciadas, y lo dice el propio informe financiero (...) Por lo tanto, el próximo gobierno va a tener que hacerse cargo con el Tesoro Público o con reasignaciones".
En concreto, el texto señala que "debe ser financiado con cargo al Subtítulo 21 del Presupuesto", es decir, el destinado a gastos de personal, pero que "si corresponde, (se saldará) con reasignaciones presupuestarias de cualquier otro Subtítulo, salvo el destinado a pagar deuda pública, y en lo que falte, con transferencias de la partida presupuestaria del Tesoro Público".
Asimismo, el diputado Agustín Romero (Republicanos) hizo hincapié en lo que podría demorar su tramitación. "Si hay alguien que en este minuto no quiere que se tramite esto con la celeridad que corresponde, es el gobierno, porque nos van a obligar, si quieren que lo veamos rápido, a votar varias cosas en contra o postergar esta tramitación y verlo con bastante recelo", apuntó.
La Comisión de Hacienda de la Cámara comenzó a tramitar el proyecto esta misma tarde.
