El fiscal nacional defendió la autonomía del Ministerio Público.
Investigación busca aclarar pagos a comando de Bachelet cuando era Presidenta electa.
El fiscal nacional, Sabas Chahuán, respaldó la acción de los prosecutores Vinko Fodich y Pablo Norambuena, quienes el pasado 27 de agosto llegaron hasta La Moneda para hacerse de correos electrónicos y archivos en el marco de la investigación del pago a 22 miembros del comando de Michelle Bachelet, entonces Mandataria electa, con dineros de la Presidencia.
El hecho generó molestia en el Gobierno e incluso se envió un oficio reservado por parte del subsecretario del Interior, Felipe Harboe, el que fue respondido por Chahuán con un pleno respaldo a los fiscales y a la autonomía del Ministerio Público.
Según comentó el fiscal nacional en una reunión ordinaria que tuvo con el presidente de la Corte Suprema, Urbano Marín en el Palacio de los Tribunales, la respuesta es reservada, por lo declinó entregar más datos.
"Es una política expresa y creo que se ha notado el apoyo que la Fiscalía le da a todos los fiscales de Chile, en ese sentido, el contenido de la respuesta como se me envío reservadamente la contesté reservadamente y yo no la voy a dar a conocer", señaló
"Sí hay un respaldo a labor de los fiscales a lo largo de todo Chile y también en ese caso concreto", enfatizó.
Red de protección judicial
Por otra parte, Chahuán señaló que no está en cuestionamiento el Sistema Procesal Penal, luego de que se revelara por parte del ministro Mario Carroza que hay 16 mil contraórdenes desde los Juzgados de Garantía cuestionadas en el marco de la investigación de la red de corrupción descubierta hace unas semanas.
"Creo que es una instancia para mejorar aun más las coordinaciones, para mejorar aun más los controles y mientras no haya delito no lo estimo como debilidad del sistema, pero es preocupante que se haya producido y se está trabajando muy correctamente por el poder judicial", afirmó.
Carroza indicó que dichas resoluciones, emitidas desde el 16 de julio de 2005 a la fecha, deberán ser analizadas "una por una" en los tribunales de las que supuestamente emanaron, para establecer si corresponden a errores involuntarios o si efectivamente son adulteraciones ilegales.
El subsecretario del Interior, Felipe Harboe, si bien no quiso referirse al oficio reservado diciendo que aun no lo ha leído, valoró el "profesionalismo, la audacia y la valentía del ministro Carroza quien en un corto período de tiempo ha logrado determinar lo que ha informado".
"Esos resultados dan orígenes a otras investigaciones que es saber quienes realizaron ese tipo de resoluciones y quienes fueron beneficiadas por las mismas", agregó además de indicar que al Gobierno le interesa llegar "hasta las últimas consecuencias para ojalá evitar la impunidad de las personas que se vieron beneficiadas irregularmente de algún tipo de libertad, esas resoluciones pueden ser revocadas o eventualmente retraídos al estado anterior".
El nuevo presidente de la Asociación Nacional de Magistrados, Leopoldo Llanos descartó que estén jueces involucrados en esta situación, aunque advirtió que se demuestra que ningún sistema es infalible.
