La inmobiliaria San Valentino, propietaria de la exclínica Sierra Bella, anunció que interpondrá acciones judiciales con miras a conseguir la materialización forzosa de la venta del inmueble al Municipio de Santiago, que se frenó después del dictamen de la Contraloría contra el proyecto de "clínica municipal".
"Los negocios comprometen de manera seria y de buena fe a las partes, debiendo respetarse los actos suscritos, la palabra empeñada y las obligaciones correlativas contraídas. Es lo mínimo que se podría esperar especialmente por tratarse de un acto en el que se involucra una institución pública", planteó la firma en una declaración pública consignada por La Tercera.
La inmobiliaria utilizó tal comuinicado para describir su versión de los hechos, partiendo por la compra del recinto: ésta tuvo lugar en medio del proceso constituyente, "que tenía como uno de los puntos más polémicos el fin del lucro en la salud", y tras una larga negociación con los antiguos dueños, cuya urgencia de liquidez permitió "llegar a un acuerdo por el edificio sólo como inmueble, a un precio muy bajo, que es el conocido y expuesto por todos".
San Valentino decidió utilizar el inmueble como clínica una vez que fue rechazada la propuesta de nueva Constitución, y fue en ese contexto que la municipalidad manifestó su interés en adquirir la propiedad, por lo que la inmobiliaria encargó una valorización de activos fijos para obtener un parámetro correspondiente a un recinto asistencial.
Respecto al cuestionado monto de la venta al municipio, la empresa asegura que la diferencia de éste con el precio de compra -que corresponde "prácticamente al avalúo fiscal"- siempre fue conocida por toda la alcaldía, "incluyendo sus concejales antes de la votación en los estudios de títulos, lo que hicimos llegar siempre con la total transparencia".
"Entendemos que genera evidente polémica, pero esta responde a razones comerciales y de mercado marcadas por los distintos contextos de cada operación", sostiene, al tiempo que agrega que "rechazamos tajantemente lo que se ha expuesto respecto a que nosotros habíamos ofrecido la clínica públicamente por un valor mucho menor".
"INCUMPLIMIENTOS E IRRESPONSABILIDADES" DE HASSLER
Posteriormente, rememora una visita pública del recinto realizada por la alcaldesa Irací Hassler junto a un grupo de personas en diciembre pasado, "mostrando el establecimiento y un gran entusiasmo por concretar esta compra por parte del municipio, en circunstancias que aún no recibía sus tasaciones ni se tenía mayor claridad de si podría o no concretar o no la operación", lo que considera "un primer paso irresponsable" de la jefa comunal.
San Valentino sostiene que sólo existió una instancia de negociación en el proceso de compra: una reunión presencial el 20 de diciembre encabezada por Hassler, quien les ofreció un precio un poco menor del finalmente acordado (234.124 UF), al que no accedieron.
"En dicha reunión sugerimos un acta que señale los participantes y las tratativas ahí abordadas, cuestión que se nos refirió como no necesaria. Ante lo cual, por seriedad como vendedores requerimos a la municipalidad, nos remitieran una carta de cierre de negocio para formalizar con ésta última lo acordado" en la instancia, acota el comunicado.
La empresa acusa entonces que Hassler "miente al país al negar que el abogado Pablo Casanueva -representante de San Valentino- tenía mandato por parte de la municipalidad" para llevar adelante la compra.
"Nos sentimos decepcionados y perjudicados por una serie de incumplimientos, irresponsabilidades, y falta de claridad mínima de la máxima autoridad municipal y sus equipos, la que a estas alturas raya en la total inexperiencia, y por qué no decir en la mala fe, pues pretende desconocer sus obligaciones contraídas en un contrato válidamente suscrito y de buena fe por nuestra parte", cierra el escrito.
