Cómo es el juicio de los comuneros mapuche contra el Estado de Chile en la CIDH

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Autor: Cooperativa.cl

Las audiencias comenzaron ayer y finalizan este jueves en Costa Rica.

Comuneros denunciaron abusos policiales y militarización de sus localidades.

Cómo es el juicio de los comuneros mapuche contra el Estado de Chile en la CIDH
 EFE

"En Chile se violan mucho los derechos humanos", declaró Jaime Marileo ante la Corte.

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El día ayer comenzó en San José de Costa Rica el juicio contra el Estado de Chile por la presunta discriminación a comuneros mapuche en la aplicación de la Ley Antiterrorista.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos -el mismo tribunal que ya condenó Chile por discriminar a la jueza lesbiana Karen Atala, quien luchaba por la tenencia y cuidado de sus hijas- escuchó ayer a los denunciantes y el día de hoy se realizarán los alegatos finales.

Las causas que llegaron a la CIDH, en las que el Estado aplicó la Ley Antiterrorista son el Poluco Pidenco, por incendio de un predio de la forestal Mininco; el caso Víctor Ancalaf, de ataques a camiones y retroexcavadoras de las obras de la central Ralco; y el de Pascual Pichún y Aniceto Norín, por incendio en el fundo Nancahue, del ex ministro Juan Agustín Figueroa; todos de la década pasada.

Uno de los pasajes destacados de la jornada de ayer ocurrió cuando el juez costarricence Manuel Ventura le pidió al werkén Víctor Ancalaf, vestido con poncho y cintillo en la frente, reiterar parte de su testimonio:

-¿A qué hora de día te detuvieron?- preguntó el juez-

-A mí me detuvieron a las nueve y media de la mañana, aproximadamente- respondió Ancalaf.

-Y sorpresivamente te empezaron a golpear y a patear sin dar ningún tipo de explicación...-, dijo Ventura.

-Efectivamente-, señaló el comunero.

-No te comunicaron por qué te estaban esposando...-, consultó el magistrado.

-No. (...) Se abalanzaron aproximadamente 10 personas y yo, realmente, pensé que era un asalto, porque recibí golpes de todos lados, hasta que fui tirado al suelo. Empezaron los golpes y yo empecé a cubrirme, de hecho me partieron la cara, me quebraron dos costillas, hasta que de pronto ya yo no me podía mover porque estaba muy choqueado y golpeado... De repente escuché que alguen dijo: 'Ya, espósenlo', y ahí recién entendí que era la Policía-, recordó Ancalaf.

Otra de las presuntas víctimas -así presentadas ante el Tribunal- fue el comunero Jaime Marileo Saravia, condenado por el caso Poluco Pidenco, quien aprovechó la oportunidad que le dio el presidente de la Corte, el peruano Diego García Sayán, para hacer esta declaración final:

"Tengo mucha confianza en que esta resolución va a ser favorable, porque en Chile se violan mucho los derechos humanos. Si ustedes se dieran el tiempo yo los invito a Chile, como jueces, a la comunidad mapuche, y los llevaría donde están las bases militares, donde el Gobierno muchos recursos de plata coloca ahí para poder militarizar a la vida que tenemos nosotros", dijo Marileo.

Familia Pichún

En la audiencia de ayer hubo dos testigos invitados con propósitos distintos: el primero fue Juan Pichún, hijo del lonko condenado por terrorismo Pascual Pichún, fallecido en marzo recién pasado.

El objetivo de su testimonio era –para la parte demandante- que relatara las consecuencias económicas, familiares y espirituales en su comunidad de la detención de su padre.

"Tantas veces vi esa imagen de que llega un grupo de Carabineros armados rompiendo todo lo que había ahí supuestamente buscando armas que nunca nos encontraron"; lo hacían "apuntando a niños, pegándole a mi mamá, a mis hermanos chicos, destrozando la casa", dijo Pichún.

El comunero recordó que en un momento "teníamos una cuaderno donde anotamos tres meses de allanamientos: lunes allanamiento de Carabineros y jueves allanamiento de la Policía Civil... mi mamá al final decidió dejar las puertas abiertas y no seguir mejorando la casa, porque no tenía ningún sentido, porque si un día mejorábamos al otro lo destrozaban", expresó.

"'¿Qué tanto hizo mi padre?', nos preguntamos nosotros", explicó Juan Pichún a los jueces, que recordó que cuando murió su padre asistió al funeral el gobernador de Malleco y recibieron un llamado del ministro Joaquín Lavín, lo que –a su juicio- demuestra que quienes acusaron a su padre de terrorista se equivocaron.

Mencionó también la entrevista en The Clinic donde la ex Presidenta y hoy candidata Michelle Bachelet dijo que había sido "un error" invocar la Ley Antiterrorista contra los mapuche y no lo volvería a hacer.

El Estado

El segundo testigo, presentado esta vez por el Estado de Chile, fue el connotado abogado penalista Juan Domingo Acosta para dar cuenta de su trabajo como asesor en las últimas modificaciones a la Ley Antiterrorista, particularmente la del año 2010.

El abogado debió responder algunas inquietudes del juez brasileño Roberto de Figuereido Caldas.

"La Ley Antiterrorista desde que se dictó hasta que yo intervine, el 2010, sufrió varias modificaciones que cambiaron bastante su fisonomía original. En general, de una ley más represiva hacia el (año) 82, a una ley menos represiva en la medida en que transcurría el tiempo y se iban introduciendo modificaciones", dijo Acosta.

-¿Usted considera que dentro de sus funciones (de la ley) estaba exactamente evitar la criminalización de los movimientos sociales?-, consultó el juez.

-Yo creo que había la sensación de que esa ley tenía que ser perfeccionada, pero en ningún caso que se hubiesen pasado a llevar derechos humanos de las personas condenadas-, expresó el jurista.

-¿Había ahí intención de establecer una ley más benéfica y atender juzgamientos pasados de la ley anterior antiterrorista?-, insistió De Figuereido.

-No recuerdo directamente que haya habido una intención de abarcar casos anteriores-, replicó el abogado.

Jornada final

Hoy es la segunda y última audiencia de la etapa oral del juicio ante la CIDH, que se desarrollará en dos etapas: primero comparecerán tres peritos presentados por las partes y por la Comisión Interamericana.

Por la tarde serán los alegatos finales de los abogados de las presuntas víctimas del Estado chileno, que está representado por un equipo que encabeza el embajador en Costa Rica, Miguel Ángel González.

Después de esto, la Corte no tiene un plazo definido para emitir un fallo, pero se estima que ello podría ocurrir en unos dos o cuatro meses. 

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