Recurso del INDH: Deportación de migrantes venezolanos fue "bajo engaño"

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Autor: Cooperativa.cl

Según el organismo, la PDI llegó la madrugada del martes a un refugio en Iquique e hizo firmar órdenes de expulsión a 23 extranjeros tras decirles "que se trataba de un catastro".

"Todas las personas procedieron a firmarlos, a pesar de que no se les permitió leerlos, encontrándose además en la oscuridad y sin posibilidad de visualizar lo que firmaban", apuntó.

Tras esto, fueron sacados del país este miércoles en un vuelo cuyo despegue contó con la presencia del ministro del Interior, Rodrigo Delgado.

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El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó este miércoles un recurso de amparo a favor de 23 migrantes irregulares, de nacionalidad venezolana, que fueron expulsados de Chile desde la ciudad de Iquique, en el vuelo cuyo despegue desde una base de la Fuerza Aérea contó con la presencia del ministro del Interior, Rodrigo Delgado.

En la acción judicial, el organismo argumenta que la deportación de los extranjeros se realizó "bajo engaño" por parte de las autoridades chilenas.

El INDH detalló que la Intendencia de Tarapacá dictó orden de expulsión contra cada uno de los amparados el 8 de febrero pasado, mientras ellos "estaban pernoctando en el Colegio Centenario en Iquique, Región de Tarapacá, donde realizaban una cuarentena preventiva y obligatoria debido a la crisis sanitaria".

El documento plantea que el motivo del viaje a Chile de estas personas fue "buscar protección, atendida la crisis cívica, política y económica por la que atraviesa su país de origen, Venezuela, a lo cual se suma la crisis provocada por la pandemia", que "agudizó sus problemas gravemente".

Según acusó el instituto en el recurso, "en la madrugada del día 09 de febrero de 2021, aproximadamente a las 02:00 horas, funcionarios/as de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), llegaron hasta el recinto e hicieron que todas las personas que se encontraban en su interior formaran una fila, para firmar un documento. Los/as funcionarios/as les señalaron que se trataba de un catastro de todas las personas que estaban ahí, por lo que todas las personas procedieron a firmarlos, a pesar de que no se les permitió leerlos, encontrándose además en la oscuridad y sin posibilidad de visualizar lo que firmaban".

"Luego de que todos/as firmaran —añadió el INDH—, les entregaron una copia, instante en el que recién pudieron advertir que se trataba de resoluciones que los expulsaba del país, constatando de esta manera además que habían sido engañados/as por los/as funcionario/as policiales, los que además les señalaron que tenían 24 horas 'para reclamar ante la Corte Suprema'. Sumado a lo anterior, funcionarios/as retuvieron en ese instante los documentos y pasaportes de los/as amparados".

El documento agrega que durante la tarde del 9 de febrero, aproximadamente a las 13:00 horas, "las personas se enteraron por la prensa que serían presuntamente expulsados del país en la madrugada del miércoles 10 de febrero de 2021, hacia un destino indeterminado, presuntamente, a Venezuela. De hecho, aproximadamente a las 18:00 horas, los funcionarios policiales apostados en el lugar, comenzaron a hablar de la 'Operación Deportados'".

Este miércoles, Chile expulsó a un total de 138 migrantes irregulares de nacionalidades colombiana y venezolana.

"Estamos en presencia del primer vuelo que sale desde el norte y da cuenta de un proceso de expulsión, en su mayoría personas que ingresaron de forma clandestina hace menos de tres meses", aseveró el ministro Delgado.

El titular de Interior también anticipó que este es el primer vuelo de muchos que se articulan para el futuro.

HERMANO DE DEPORTADO: "LOS MANIPULARON"

El relato del INDH fue reafirmado por Luis Meléndez, ciudadano venezolano que reside en Chile desde hace varios años y cuyo hermano, que el pasado 30 de enero había llegado a Colchane a través de la frontera boliviana, fue deportado en el vuelo de este miércoles tras pasar varios días en el Colegio Centenario en Iquique.

"Llegaron a las 2 de la mañana, despertaron a todos diciéndoles que mostraran sus documentos y exigiendoles que firmaran la expulsión. Los hicieron firmar el documento pero sin explicarles absolutamente nada", dijo Meléndez a Cooperativa.

"Había un anexo que decía que si ellos querían apelar el documento pusieran 'Sí', pero cuando llegaban a esa parte ellos (los funcionarios de la PDI) les decían 'pongan que no'. En ese aspecto, los manipularon. Me imagino que por el nerviosismo y las horas de la madrugada ellos creían que era un documento para simplemente salir de ese refugio", agregó.

A juicio del INDH, "si todas son retornadas por la fuerza a Venezuela, correrían un serio riesgo a su vida, integridad o libertad según se señalará, vulnerando de manera ilegal y flagrante además, el principio de no devolución contenido en la Ley Nº 20.430 y en múltiples tratados internacionales de Derechos Humanos".

Por otro lado, el recurso presentado por el INDH indica que las órdenes de expulsión de los 23 extranjeros "no sólo amenazan, perturban y limitan arbitraria e ilegalmente la libertad personal de las personas amparadas, al derivar de ellas un impedimento de ingreso al territorio nacional en el evento de ejecutarse el acto de expulsión, sino que atentan además en contra del principio de inocencia y del justo y racional proceso, de la reunificación de la familia y otros derechos fundamentales".

Por su parte, el abogado Juan Sáez, quien trabajó en un amparo con otro grupo de migrantes, arguyó que "interrumpieron el derecho constitucional a defensa que tienen las personas" al determinar un plazo tan limitado para que encontrar a alguien que les defendiera.

"La persona a la que notifican a las 23:00 horas no va a poder conseguir un abogado y va a perder casi ocho o 10 horas de esas 24... ¿Dónde consigue un abogado? Ni siquiera una persona de acá, imagínense un extranjero que no sabe dónde está, cómo son los números de acá, y encerrados por pandemia", enfatizó.

EXTRANJERÍA: "OPERATIVO CUMPLIÓ Y SE AJUSTÓ A LA LEY"

Desde el Departamento de Extranjería y Migración (DEM), dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, defienden que el operativo de expulsión "cumplió y se ajustó a los procedimientos que dispone la ley".

"Organizaciones que trabajan con migrantes están de igual forma en su derecho de presentar acciones legales y serán los tribunales los que tendrán que pronunciarse", aseguraron desde la agencia gubernamental. 

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