El hecho ocurrió el 3 de febrero y los imputados fueron detenidos el 22 de marzo en la región Metropolitana y en la de Valparaíso.
En prisión preventiva quedaron los cinco sujetos formalizados por el secuestro de Jordan Bravo, de 25 años, quien el pasado 3 de febrero fue trasladado contra su voluntad desde su domicilio en Llolleo hasta el sector de Mauco, en Quillota, manteniéndose desaparecido hasta la actualidad.
Según Fiscalía, el día de los hechos dos imputados se dirigieron desde Mauco, comuna de Quillota, hacia el lugar de ubicación de la víctima, mientras que el resto de los sujetos se movilizaron desde Colina "premunidos de armas de fuego y elementos contundentes", dijo la fiscal Claudia Cancino, que también imputdó los delitos de tráfico de drogas e infracción a la ley de control de armas.
"Una vez en el lugar, ingresan mediante uso de la fuerza a la casa de la víctima, donde se encontraba con su conviviente e hijo en común –un lactante de 8 meses- y un menor de edad de 4 años, hijo de su pareja. Fracturan de una patada la puerta principal y rompen un ventanal, comienzan a agredir físicamente a la víctima, arrastrarlo, y subirlo contra su voluntad a un vehículo, huyendo todos ellos hacia la localidad de Mauco, comuna de Quillota. Transitando siempre en una patrón de escolta", relató la persecutora.
Agregó que en Mauco "se pierde todo rastro del afectado, manteniéndose hasta esta fecha privado de su libertad en un lugar desconocido", precisó Cancino, quien señaló que los imputados fueron detenidos en cuatro domicilios distintos, siendo dos en Quillota, región de Valparaíso, y dos en la región Metropolitana.
De estos últimos, un inmueble se ubicaba en Colina y el otro en La Cisterna, donde fue incautada un arma de fuego de la fábrica militar DM Rosario, perteneciente a la Policía Federal Argentina. Cartuchos, una escopeta, droga y dinero en efectivo se decomisaron también en los domicilios.
La fiscal Cancino expuso latamente cómo vinculan a los sujetos con el secuestro de Bravo, basándose –entre otros- en el relato de la pareja de la víctima y en la información que otorgaron las antenas de celulares que captaron el movimiento de los equipos móviles de los imputados y del afectado.
Por su parte, el defensor privado Jean Duhalde, argumentó que los dos kilos que le fueron incautado a uno de los imputados corresponde a "un dispensador de droga legalmente inscrito" perteneciente a la agrupación Green Sky que trabaja con personas con cáncer u otras enfermedades "que cuentan con tratamiento médico acreditado".
Asimismo, el defensor cuestionó los hechos imputados por el Ministerio Público indicando que la víctima "se dedicaba al tráfico de drogas junto con otras actividades ilícitas".
"El día anterior al secuestro, o a la salida de la víctima, tuvo un altercado en un restaurante de sushi con una persona, tiene innumerables enemigos porque se dedicaba a la estafa telefónica y lo dice su madre, su hermana, no lo digo yo. Líneas de investigación hay muchas porque muchas personas fueron defraudadas por esta persona que tenía un mal vivir", dijo Duhalde.
Sin embargo, el juez acogió la tesis del Ministerio Público decretando la prisión preventiva y fijando una audiencia para abril, ocasión en la que se debatirá la solicitud de Fiscalía que dice relación con la toma de muestras orgánicas de los imputados.
