Entre las indicaciones que ingresó el Gobierno al proyecto se encuentra que el reajuste no podrá ser mayor al 10% de lo cotizado por el afiliado en julio de 2023.
La propuesta ha generado cuestionamientos tanto del oficialismo como la oposición.
La discusión del proyecto de ley corta de isapres sigue en camino a una resolución y se espera que llegue a un acuerdo tras el ingreso de más de 80 indicaciones por parte del Gobierno y la Cámara Baja, pese a que algunos sectores cuestionan si estos cambios podrán darle sostenibilidad al sistema privado.
El pasado miércoles, el Ejecutivo entregó las indicaciones al proyecto, las que generaron críticas, ya que, no abordaba el monto que las aseguradoras deben devolver a sus afiliados y fija un mecanismo para el alza extraordinaria de los precios de planes base con un tope máximo.
Esto último generó dudas tanto desde el oficialismo como la oposición, porque el alza no podrá ser mayor que el 10% de la cotización de salud que haya tenido el afiliado en julio de 2023, y podría realizarse a través de una nueva prima que incorporarán los contratos.
A julio del año pasado eran 1,7 millones de afiliados -datos de la Superintendencia de Salud- los que cotizaron más de $338 mil millones, con aportes obligatorios y voluntarios.
Bajo esta premisa, se entiende que en promedio los afiliados cotizan poco más de $195 mil mensualmente, por lo que el aumento estimado rondaría los 19 pesos. Sin embargo, en algunas aseguradoras, el incremento podría superar los $20.000.
El lunes comienza la votación de las indicaciones propuestas en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.
En esa línea, se espera que el proyecto sea despachado al Senado a mitad de abril, donde probablemente se genere una comisión mixta entre ambas cámaras debido a las modificaciones que ha sufrido la iniciativa.
A partir de las indicaciones propuestas, el exsuperintendente de Salud, Patricio Fernández, explicó que "acá lo que se necesita es recuperar el equilibrio financiero alterado por los fallos de la Corte Suprema y también alterado, en parte, por la conducta que ha tenido por muchos años el sistema de isapres. El Gobierno no quiere cruzar una línea que signifique disminuir una deuda que unilateralmente calculó y, por otro lado, hacer compatible la aplicación de los fallos de la Corte Suprema.
"Entonces, yo creo que si la mutualización que fue desechada y no era una alternativa, creo que puede haber otra, creo que se puede reforzar la creación de otro mecanismo. Por ejemplo, si el fallo de la Corte Suprema se debería devolver como excedente y cuando uno mira los articulados de los antecedentes, dice que los excedentes pueden servir para pagar los copagos de las prestaciones de salud de las personas. Ahí hay una alternativa", agregó Fernández.
En tanto, el experto en regulación de sistemas de salud, David Debrott, manifestó que "lo que va a generar un alza en el costo de los planes de salud es que más gente se siga trasladando a Fonasa, por lo tanto la cartera de las isapres se va a seguir estrechando. Yo creo que con eso no logran pagar el monto de la deuda que realmente corresponde".
"Pero está otro tema, que es la viabilidad de largo plazo judicial, porque lo que va a ocurrir es que, si sale una ley que favorece a las isapres, yo estoy seguro de que las personas van a volver a recurrir nuevamente a la justicia y la justicia le va a dar la razón a las personas", agregó el especialista.
"Y nos vamos a encontrar en la misma situación que teníamos al principio, pero en un contexto que va a ser peor porque vamos a tener un descontento generalizado, vamos a tener una situación financiera que es peor de la que existía cuando comenzó esto, etcétera", concluyó.
