Auspiciados por Carmen Ibáñez, Alejandro Navarro e Iván Moreira, pequeños empresarios acusan al Gobierno de cometer una serie de ilegalidades en el proceso de licitación del plan de transporte para la capital.
El "Movimiento de Defensa de Pymes y Trabajadores del Transporte", junto a los diputados Carmen Ibáñez (RN) Alejandro Navarro (PS) e Iván Moreira (UDI) presentaron una demanda de nulidad de derecho público en contra del Plan Transantiago ante la Corte de Apelaciones de Santiago.
La demanda "se basa en que el Gobierno ha cometido una serie de ilegalidades en el proceso de licitación adjudicación del denominado Transantiago, provocando un efecto expropiatorio, sin indemnización, en perjuicio de los empresarios chilenos, y en favor de inversionistas extranjeros".
Según sus portavoces, el grupo representa a 3.000 dueños de microbuses y a 7.000 choferes, y ciento de administrativos y proveedores.
"Exigimos transparencia y legalidad en la modernización. Como también queremos que se tome en cuenta a los empresarios chilenos y que se indemnice a los choferes que quedarán cesantes", señaló la diputada Ibáñez.
El 11º Juzgado Civil de Santiago fue nombrado para tramitar el recurso.
