El parlamentario señaló que la ministra incurrió en negligencia o existió una maniobra para engañarla.
En Cooperativa, señaló que sólo hay responsabilidad de la actual administración.
El diputado del PS, Marcelo Díaz, aseguró que la ministra de Vivienda Magdalena Matte tiene responsabilidad política en el llamado caso Kodama, luego de firmar un documento para pagar a la empresa 17.000 millones de pesos.
En Lo Que Queda del Día, el parlamentario señaló que "hay una responsabilidad política que debe ser asumida y que le corresponde a la ministra Matte".
Según el socialista, al revisar las declaraciones de la autoridad en los medios de comunicación hay dos hipótesis y ambas la comprometen.
En el primero de esos escenarios "ella firmó pensando que todo estaba bien, lo cual nos plantea en el escenario de una negligencia grave, inexcusable", comentó.
"Un ministro, cuando firma un documento por el que se va a desprender de 17 mil millones de pesos del patrimonio de todos los chilenos, no puede hacerlo sino tiene a la vista todos los antecedentes que le garanticen que esa decisión la esta tomando de la forma correspondiente" añadió.
El ardid"El segundo escenario -añadió Díaz- es que aquí se tejió un ardid destinado a engañarla (a la ministra) y a que ella firmara. Si eso es así, evidentemente quienes tejieron el ardid son funcionarios del Minvu, algunos de los cuales ella misma llevó al ministerio, algunos que fueron designados por el propio Presidente, por lo tanto habría una grave responsabilidad".
El diputado Díaz, quien presentó una querella judicial por este caso para revisar posibles delitos como fraude al Fisco, cuestionó que la secretaria de Estado firmara el documento que permitía el pago.
"Aquí hay algo muy grave. La ministra ha dicho que después de que se enteró de este tema le pidió a un abogado externo que analizara todo, le pidió al Idiem de la U. de Chile que verificara si el pago estaba bien formulado. Entonces ¿qué tenía a la vista cuando firmó un documento de esa envergadura?", señaló.
Responsabilidad en Administración Piñera
Por otro lado, el diputado señaló que si bien este caso comenzó en 2006 durante el Gobierno de Michelle Bachelet, la antigua Administración se atuvo a las decisiones de la Contraloría.
"El caso parte cuando Kodama en el gobierno de la Presidenta Bachelet reclama también gastos extraordinarios, el Serviu accede a pagar cerca de 1.000 millones de pesos y la Contraloría rechaza ese monto y en cambio señala que corresponde pagar 95 millones de pesos. Las autoridades de la época pagaron lo que Contraloría había aceptado, lo que Kodama no aceptó", comentó
"Antes lo que hubo fueron actuaciones del ministerio de la Vivienda donde se acataron las decisiones de la Contraloría, aquí se ha creado una maquinaria para evitar que la Contraloría se pronuncie para poder llegar a este acuerdo multimillonario", añadió el diputado, quien argumentó que con el acuerdo judicial se evitaba que el ente contralor revisara el pago.
"Este es un asunto que empieza, se origina y se desarrolla y va a tener su desenlace bajo la administración del Presidente Piñera", concluyó.
