La instancia acogió una reclamación de la empresa Ecopower, que ingresó la iniciativa hace 12 años al Sistema de Evaluación Ambiental (SEA)..
Será instalado en el sector de Mar Brava, al norte de Ancud, sin embargo, comunidades cercanas cuestionan el eventual impacto en la vida silvestre de ese sector costero.
Una encuesta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), reveló que un 88% de los sondeados dijeron sentir los efectos de la crisis climática en su vida cotidiana.
En tanto, un 30% declaró que han sufrido escasez de agua debido al desabastecimiento y conflictos por los recursos hídricos.
Se trata de Playa Sur Tunquén, Gota de Leche y Cerro La Cruz (Región de Valparaíso); además de Cruz de Piedra (Metropolitana), y Cruz Grande (Coquimbo).
"Sabemos que proteger estos lugares era una demanda de las comunidades locales que trabajaron mucho por este logro", expresó la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas.
Ministra de Medio Ambiente explicó que la medida que rige desde este domingo exige un stock mínimo es de 30% en bebidas retornables.
De no ser así, los locatarios arriesgan multa que van desde una a 20 UTM.
La sentencia desechó todas las alegaciones de la industria automotriz que buscaba dejar sin efecto el decreto que establece metas de recolección asociadas a las ruedas.
"Quien vende por primera vez un vehículo, introduce en el mercado los neumáticos de este, debiendo hacerse cargo de su gestión al ser considerados por ley como producto prioritario", indicó la sentencia.
La empresa afirmó que Leonardo Gros la perjudicó "de manera gravísima" al omitir información "de manera deliberada" ante el Consejo de Ministros.
El funcionario sostuvo que el megaproyecto minero-portuario no contaba con concesión marítima, lo que es incorrecto, se argumentó.
Según el fallo, el SEA no evaluó debidamente los impactos de la cercanía de "Estero Pérez de Arce" con otros dos proyectos.
Greenpeace espera que los precedentes marcados por el tribunal sean considerados en futuros análisis.
La autoridad de Interior planteó la necesidad de llegar a un nuevo trato de "agroforestería sustentable" de cara a la reconstrucción de las zonas afectadas por incendios forestales.
El presidente de la Sofofa cuestionó el momento de poner en la palestra un tema "que es inoportuno" para lo que vive el país.
Reparticiones como la Subsecretaría de Pesca, la Conaf, la Dirección General de Aguas y el Servicio Agrícola y Ganadero enviaron sus reparos a la paralizada iniciativa de La Higuera.
La directora de la fundación Oceana, Liesbeth van der Meer, advirtió la "gran cantidad de deficiencias técnicas que hacen que este proyecto sea inviable" en la zona.
El Servicio revirtió la decisión de la Comisión de Evaluación Ambiental Metropolitana, y descartó que la iniciativa de la empresa Fundamenta contenga ilegalidades.
"Los antecedentes presentados permiten descartar la afectación significativa en los sistemas de vida y costumbres de los grupos humanos" del sector, señala la resolución.
El Servicio de Evaluación Ambiental validó los estudios presentados por la constructora y sostuvo que el COEVA Metropolitano se extralimitó en sus atribuciones al rechazar el proyecto, que la jefa comunal frenteamplista ha calificado como "masacre urbana".
El especialista en sustentabilidad urbana de la U. Andrés Bello, Iván Franchi, comentó que hay "estándares y certificaciones quedan supeditados a un reglamento posterior a la potencial aprobación".
La iniciativa establece que las empresas que difundan publicidad que apunte a la sustentabilidad deberán entregar información verídica, y detallar sus prácticas ambientales.
De visita en Atacama, el Mandatario indicó que el proyecto elevará la protección estatal a este fenómeno de la naturaleza, y se concretará durante el primer semestre de 2023.
En la zona "florecen cada tres, cinco o 10 años, más de 200 especies de plantas, que, a la vez, permiten la llegada de insectos y fauna", destacó la ministra de Bienes Nacionales, Javiera Toro.
En términos ecológicos, destaca la presencia de más de 80 especies de aves, donde algunas de ellas corresponden a subespecies endémicas de la Isla Grande de Chiloé.
La ministra Maisa Rojas destacó que "esto es de especial relevancia en momentos que el planeta entero enfrenta una grave crisis de biodiversidad".
El domingo pasado varios municipios junto al gobernador metropolitano, Claudio Orrego, firmaron un acuerdo para llevar esta iniciativa hasta el Ministerio de Medio Ambiente.
La autoridad regional explicó que se trata de una protección al ecosistema del principal cauce de Santiago, como también "un espacio urbano que sea parte de la ciudad".
