Raúl Alvarez celebró formalización de 18 ejecutivos de tres cadenas por dicha práctica.
Llamó a terminar de una vez por todas "abuso al público consumidor".
El vocero de la Unión de Dueños de Farmacias Independientes de Chile, Raúl Alvarez, manifestó su alegría por la formalización de 18 ejecutivos de tres cadenas farmacéuticas acusadas de colusión, una práctica que, a su juicio, continúa activa.
Alvarez dijo a El Diario de Cooperativa que están "felices" con la medida, ya que "hace más de 25 años que nosotros estábamos esperando una imputación de esta naturaleza" ya que sus farmacias "han sufrido en forma constante el asedio y la falta absoluta de transparencia en el mercado farmacéutico", permitiendo que tres consorcios tengan el 93 por ciento del mercado.
Las cadenas "se han puesto de acuerdo en todos los precios que existen actualmente en la práctica, están sobredimensionados, son falsos, mentirosos, porque el laboratorio está por ganar plata, entonces con este poder que tienen, presionan a laboratorios por descuentos y plazos especiales", acusó Alvarez.
Por ello, el farmacéutico cree que "en la práctica sí" continúa la colusión "porque los laboratorios no han bajado sus precios, si no existiera la colusión, los descuentos ilegales, tendrían que hace mucho tiempo bajado sus precios", llamando a terminar de una vez por todas "con este abuso al público consumidor".
Alvarez dijo que al iniciar "el cambio de la economía", eran 2.000 farmacias independientes, y hoy día, de las 500 que hay, "300 están en muy mala situación", y criticó la idea de vender medicamentos en los supermercados, ya que "pone a las farmacias en una competencia desleal".
La formalizaciónEn tanto, la última semana de marzo sería la fecha para la formalización de los 18 ejecutivos, que arriesgan penas que van de la reclusión menor en su grado mínimo, o también a una reclusión menor en su grado medio: es decir 60 días a tres años de cárcel, con multas que van de las 6 a 10 UTM mensuales.
El ex subfiscal económico, el abogado Juan Pablo Lorenzini, afirmó que si hay una sentencia condenatoria, "puede ser el fundamento de una demanda civil en contra del propio laboratorio y la farmacia, suponiendo que se aplican las reglas generales".
