El ministro secretario general de la Presidencia, Eduardo Dockendorff, desestimó que las declaraciones del diputado Pablo Lorenzini (DC) contra la gestión del ministro de Obras Públicas, Transportes y telecomunicaciones, Javier Etcheberry, afecten de alguna manera la tramitación del proyecto de impuesto de la minería.
El miércoles 15 de diciembre el Gobierno envió al Congreso una iniciativa alternativa al proyecto de royalty minero que fracasó a mediados de año. Este se refiere al tributo de cuatro a cinco por ciento a las utilidades operacionales de todas las mineras que reporten ventas anuales sobre 8.000 unidades tributarias anuales (UTA), cerca de cinco millones de dólares, o con un margen operacional de ocho por ciento, lo que aportaría entre 140 y 145 millones de dólares a las arcas nacionales.
En entrevista con El Diario de Cooperativa, Dockendorff manifestó que, si bien Lorenzini fue impulsor de la iniciativa, se trata de situaciones distintas, pues "este (los dichos del diputado) es un episodio desatado por sus inoportunas y completamente desafortunadas declaraciones, y lo otro es un proceso que sigue una tramitación de acuerdo a reglamentos que están preestablecidos".
"Es cierto que el diputado Lorenzini, él personalmente, tiene un interés muy grande en que este proyecto se apruebe pronto. El fue un factor importante en la decisión del Gobierno de mandar el proyecto ahora", señaló.
Para el ministro, existen, además, acuerdos políticos entre las distintas bancadas y el Gobierno, que impedirán que "vaya a sufrir una interrupción la tramitación del proyecto".
Falta de tiempo y acuerdos políticos conspiran contra la flexibilidad laboral
El presidente de la Confederación para la Producción y el Comercio (CPC), Hernán Somerville, expresó el viernes 17 de diciembre su disconformidad frente a declaraciones del ministro secretario general de la Presidencia respecto de que el Gobierno no insistirá en el tema flexibilidad laboral.
En este sentido, Dockendorff reafirmó las escasas las posibilidades de que sea tramitado en el Congreso próximamente, en virtud de una serie de proyectos que están en carpeta.
"Yo no quiero ser tan tajante, las declaraciones mías fueron a un matutino y se refieren a que en la agenda legislativa no está considerado avanzar (en ello). Yo estoy mucho más preocupado por un atraso legislativo en otros frentes que se vienen tratando desde hace muchos años", argumentó.
A su juicio, la posibilidad de debatir respecto al asunto, no depende sólo de la "escasez de tiempo legislativo", sino de también de "la dificultad para construir un acuerdo político, que conspiran contra la flexibilidad laboral".
Sin embargo, expresó que el Gobierno tiene interés en tener una conversación con Somerville, para "evaluar la conveniencia de buscar una solución", pues "no veo cómo sacar proyectos para dar oportunidad a la adaptabilidad laboral".