El ministro de Hacienda considera peligroso que los gremios mineros pidan a la derecha recurrir al Tribunal Constitucional para detener el royalty, siendo que es sólo prerrogativa de los parlamentarios.
Nicolás Eyzaguirre, titular de Hacienda, señaló que la oposición de las grandes empresas mineras al proyecto de ley de royalty a la extracción de recursos no renovables plantea la posibilidad de que exista "corrupción", pues las compañías están invadiendo las atribuciones de los senadores y diputados al solicitar a legisladores de derecha que presenten un recurso contra la regalía ante el Tribunal Constitucional.
"Me parece que aquí estamos con un asunto que puede ser espacio de mucha opacidad y por qué no decirlo, de corrupción", sentenció el ministro desde Puerto Iguazú, donde participa junto al Presidente Ricardo Lagos en la cumbre del Mercosur.
El secretario de Estado agregó que "por lo que se prueba claramente que hay aquí una confusión de roles, entre lo que es el legítimo interés de distintos sectores, con lo que son los intereses de Chile y que tienen ser cautelados por el Parlamento".
"El Parlamento tiene que actuar con total y entera independencia de los intereses sectoriales", sentenció el responsable de la marcha económica del país.
Por ello, consideró que el asunto de lobby que realizan organizaciones y determinadas personas "es un tema que urge en Chile".
Eyzaguirre fue más allá del tema de la regalía minera y también cuestionó a la derecha por su negativa a aprobar las reformas al sistema previsional de las FF.AA., a pesar de que había acuerdo previos.
"Pero cuando uno escucha en los pasillos a parlamentarios de derecha que dicen: ni locos vamos a votar por una ley que signifique perjudicar a nuestros votantes, yo digo con qué cara están denunciando temas de platas públicas y política, cuando se están resistiendo a ahorros fiscales que al (año) 2010 llegarán a más de 20 mil millones, para no perder votos", subrayó.
Sonami negó vínculos con parlamentarios
En tanto, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Hernán Hochschild, rechazó enérgicamente trascendidos que vinculan una presentación ante el Tribunal Constitucional contra el royalty con la entrega de dinero a algunos legisladores, como señalaron algunos parlamentarios oficialistas.
Hochschild enfatizó que se trata de una calumnia sin fundamento, pues existen diputados y senadores que se oponen a la medida desde hace bastante tiempo, y no sólo ahora por la presión del gremio.
"A lo mejor me expresé mal", dijo el empresario, quien consideró que como se trata de una discusión política, se puede llegar a un arbitraje "y el árbitro puede ser el Tribunal Constitucional".
Además, reiteró que de ser aprobado, el proyecto puede transformarse en una caja de pandora, ya que puede provocar una disminución de la inversión en el sector minero e incluso en el crecimiento económico del país, así como abrir la puerta para la instauración de otros impuestos sectoriales.
Desde el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Juan Claro, hasta el Consejo Minero, se manifestó un rechazo rotundo a la iniciativa legal, pues demuestra que se trata de un "impuesto político".
"Vemos que la conducción económica del Gobierno ha perdido el rumbo por cuento lo que vamos viendo son señales que van en el sentido contrario", comentó Claro.
En tanto, el mismo Hochschild anunció esta semana que el gremio intentará que parlamentarios de oposición recurran al Tribunal Constitucional, para impugnar este proyecto.
"Esperamos que se haga una presentación al Tribunal Constitucional. Aquí hay cambio profundo en le régimen de prioridad minera lo que también incorpora un nuevo riesgo al país", afirmó.
