Más de 100 marcas buscan conocer si sus contratos con los grandes centros comerciales provocan riesgos y efectos anticompetitivos.
Mallplaza y Parque Arauco niegan los cuestionamientos.
La Asociación de Marcas del Retail -que representa a unas 100 empresas de diferentes tamaños que desarrollan comercio minorista- presentó un recurso de reclamación ante la Corte Suprema con el objeto de que la instancia revoque la resolución del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), por medio de la cual decidió no dar curso a una consulta que buscaba conocer si los contratos de arriendo de sus afiliados con los centros comerciales más relevantes del país provocan riesgos y efectos anticompetitivos.
Según consigna este martes La Tercera PM, el punto de quiebre ocurrió cuando la agrupación del retail -que reúne a marcas como Guante, Cardinale, Gotta, Komax y Palumbo, entre varias otras- cuestionó una serie de cobros que los malls -como Parque Arauco, Mallplaza, Pasmar, VivoCorp, Cencosud Grupo Patio y Grupo Marina- decidieron mantener a pesar de tener sus puertas cerradas por la epidemia del Covid-19, como gastos comunes y el fondo de promoción y publicidad.
En su resolución, el pasado 26 de octubre, el TDLC argumentó que el asunto sometido a conocimiento del tribunal contiene alegaciones de naturaleza tal que sólo podrían ser conocidas en un procedimiento contencioso.
Tras el revés en el TDLC, la asociación presentó una reclamación y ayer, lunes, ingresó a la Corte Suprema.
Ante esto, los malls desestiman las acusaciones y piden trabajar con unidad.
Según consigna el vespertino, Mallplaza, el mayor operador de centros comerciales del país, niega "rotundamente" las acusaciones, asegurando que en la consulta hay "estrangulamiento de márgenes" y "cláusulas que limitan la competencia".
Parque Arauco, en tanto, sostiene que el gremio del retail "alude de forma amplia, imprecisa y genérica a todas las relaciones contractuales entre cada uno de los operadores de centros comerciales y cada uno de los locatarios", e insistió en que un proceso de este tipo requeriría la revisión de más de 3.000 contratos, indica LT PM.
