"El Gobierno ingresó al Congreso proyectos de gasto y financiamiento separados, arriesgando a que solo se apruebe el gasto", insistieron los expertos.
José de Gregorio, Eduardo Engel, Andrea Repetto y Rodrigo Valdés insistieron que "un gesto mínimo del Gobierno" sería que ambos proyecto se fusionaran en uno.
Los economista del equipo del Presidente electo, Gabriel Boric, respondieron a las declaraciones de la directora de presuesto, Cristina Torres, y reafirmaron su inquietud respecto al financiamiento del proyecto de Pensión Garantizada Universal.
La autoridad de Gobierno aseguró que el proyecto se financia con el "0,35% del PIB que se recaudará a través de las exenciones tributarias", además de un "0,1% del PIB proveniente de una modificación al aporte obligatorio que debe realizarse al Fondo de Pensiones"; junto con un "0,5% del PIB que ya está contemplado en las provisiones comprometidas del Tesoro Público del presupuesto 2022, que acaba de hacer aprobado en el Congreso".
"Para los siguientes años, en el Programa Financiamiento de Mediano Plazo 2023-2016, también en los gastos, se considera aproximadamente 0,5% del PIB para dicho fin", agregó Torres.
En este contexto, los economistas José de Gregorio, Eduardo Engel, Andrea Repetto y Rodrigo Valdés, enviaron una carta al director de El Mercurio e indicaron que Torres "no se hace cargo de los cuestionamientos".
"Agradecemos la respuesta de la directora de Dipres, Cristina Torres, aunque ella no se hace cargo de nuestros cuestionamientos al financiamiento del proyecto de Pensión Garantizada Universal", asegura la misiva: "Lo primero es que el Gobierno ingresó al Congreso proyectos de gasto y financiamiento separados, arriesgando a que solo se apruebe el gasto".
"Lo segundo es que no se explica por qué el país puede ahorrar menos en el Fondo de Reserva de Pensiones cuando este tiene por objeto apoyar el financiamiento futuro de las obligaciones fiscales en pensiones. Por transparencia, Dipres debiera publicar el estudio con el que funda su decisión de ahorrar la mitad. De hecho, si se aumenta los beneficios, la carga fiscal crecerá, lo que debería llevar a ahorrar más, no menos", agregan los expertos.
"Tercero, la directora alude a provisiones comprometidas en el presupuesto 2022 y el programa financiero para 2023-2026. ¿Reflejan esas provisiones el proyecto previo (ley corta) del que no se aprobó el gasto y tampoco su financiamiento? ¿Qué rol tienen los ingresos fiscales extraordinarios debido al crecimiento de este año a los que se refirió el ministro Cerda en sus declaraciones? Cabe notar que las estimaciones suponen que el gasto se reduce en el período 2023-2026. Adicionalmente, ¿qué sucede con el financiamiento más allá del 2026?", cuestionaron en la carta.
"Nuestras dudas siguen siendo válidas -explicaron-. Quizás el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) tenga algo que agregar a las aprensiones sobre sostenibilidad que manifestó el Consejo Consultivo Previsional en su informe al proyecto".
"Estamos de acuerdo con la directora en que enfrentar el problema de pensiones es urgente, pero no es solución si no conlleva responsabilidad fiscal", insistieron, agregando que "un gesto mínimo del Gobierno sería que gastos e ingresos vayan en un solo proyecto, con el la ley corta, además de explicitar qué hay detrás de las estimaciones de financiamiento y pedir la opinión del CFA".
"Si ello revela que el financiamiento es incompleto, el Gobierno debiera agregar otras fuentes de ingresos", cerraron.
En tanto, en El Primer Café de Cooperativa, el ex ministro de Hacienda Nicolás Eyzaguirre (PPD) afirmó que no es el problema el proyecto del Ejecutivo sino cómo se sustenta.
"Cuando uno dice esto no está financiado, lo está diciendo en un sentido muy estricto, que es que estos son gastos nuevos, permanentes y que no tiene un equivalente de ingresos nuevos permanentes", indicó el economista.
Además, puntualizó que "el perfil de endeudamiento va a subir más en el caso en que haya nuevos ingresos permanentes. Está en la propuesta del Gobierno y eso es indesmentible, son 0,35 puntos del PIB de una cosa que cuesta un punto del PIB".
Mientras que el ex presidente del Banco Central José De Gregorio (DC), parte de los economistas que mandaron la carta, afirmó que "hay dudas serias sobre su financiamiento, eso fue todo lo que hicimos a la carta cuando estábamos discutiendo en nuestro chat, no pensábamos que iba a ser tan controvertida".
Es por esto que solicitó que "aclaren y el Consejo Fiscal Autónomo puede ayudar... A mí lo que me irrita es que cuando uno critica al Gobierno es una crítica política, es una patudez increíble".
En tanto, la diputada Karol Cariola (PC) aseguró que no buscan rechazar la Pensión Garantizada Universal (PGU), sino que pretenden que se le logre dar la viabilidad que necesita.
"Le enviamos la propuesta al Gobierno, la verdad que nosotros creemos que acá la posibilidad de darle salida a la PGR, poder darle tiraje, es poder desarrollar sin lugar a dudas una propuesta que permita un financiamiento permanente", destacó la parlamentaria.
"Nosotros estamos de acuerdo con la pensión general que garantiza Universal, no la queremos rechazar lo que nosotros queremos darle viabilidad y continuidad en el tiempo para que sea una medida que no sea solo un cascarón", puntualizó.
