Los miembros del organismo que debe redactar una nueva Carta Magna siguen sin orgánica, lo que no impidió que aprobaran un suculento ingreso mensual.
En casi tres meses de deliberaciones, la Asamblea Constituyente de Bolivia no ha logrado aún consensuar su reglamento de debates, ni ha entrado en materia, pero si ha aprobado numerosos privilegios para sus integrantes, informó el diario La Razón.
En los últimos días los constituyentes aprobaron para ellos mismos una remuneración mensual de 10.500 bolivianos (unos 692.000 pesos chilenos), una cantidad considerable en el país más pobre del Cono Sur, pues es 21 veces mayor que el salario mínimo, de 500 bolivianos (casi 33.000 pesos).
La asamblea, que delibera en la ciudad de Sucre, capital oficial de Bolivia -aunque el Gobierno y el Parlamento están en La Paz- también aprobó para sus integrantes un pasaporte diplomático, tres pasajes aéreos cada mes y la inmunidad ante procesos judiciales.
Además, los asambleístas podrán contratar asistentes con remuneraciones mensuales que irán desde 5.500 a 8.300 bolivianos (de 362.000 a 547.000 pesos).
Según organismos internacionales, un tercio de los 9,4 millones de bolivianos sobreviven con menos de un dólar al día, en el nivel de pobreza "extrema", y otro tercio percibe entre uno y dos dólares, en el nivel de pobreza sin calificativos.
El Movimiento al Socialismo (MAS), del presidente Evo Morales, tiene la mayoría en la asamblea, con 137 de los 255 constituyentes, y ha aprobado los privilegios.
Los integrantes de la mesa directiva del organismo cuentan con oficinas propias, personal a su cargo y acceso a llamadas de larga distancia, dijo el jefe administrativo de la asamblea, Camilo Torres.
Los gastos funerarios de los constituyentes que fallezcan en el ejercicio de su mandato serán pagados por el Estado y, además, sus herederos recibirán un pago de 30.000 bolivianos (1.977.000 pesos) y las dietas que hubiera percibido el difunto hasta que concluya el trabajo del foro.
La asamblea boliviana, con la que Morales proclama que va a "refundar" el país, tiene un mínimo de seis meses y un máximo de un año para redactar una nueva constitución, según la ley de convocatoria.
Sin embargo, desde su instalación el 6 de agosto pasado apenas ha aprobado parte del reglamento y no ha designado aún las 22 comisiones que deberán presentar proyectos de texto constitucional en áreas especializadas, como derechos individuales y colectivos, autonomías regionales, sistema económico y régimen político, entre otras. (EFE)
