La CPI abrió una investigación en Afganistán por supuestos crímenes de guerra y lesa humanidad a manos de talibanes, autoridades de país y tropas estadounidenses.
El presidente estadounidense, Donald Trump, redobló este jueves sus ataques a la Corte Penal Internacional (CPI) al calificarla de "corrupta" y autorizar sanciones económicas a los funcionarios que investiguen a tropas de EE.UU. o a aliados, en una nueva muestra de desprecio a los organismos internacionales.
"Las acciones de la Corte Penal Internacional son un ataque a los derechos de los estadounidenses y amenazan con socavar nuestra soberanía nacional", señaló la Casa Blanca en un comunicado.
Como consecuencia, agregó la nota, "el Presidente ha autorizado sanciones económicas contra funcionarios de la Corte directamente implicados en un esfuerzo por investigar personal de EE.UU. sin el consentimiento de EE.UU.".
Entre estas medidas figuran el bloqueo de propiedades que estos funcionarios puedan tener bajo jurisdicción estadounidense y la ampliación de las restricciones de viajes a EEUU.
Asimismo, señaló tener "fuertes razones para creer que hay corrupción y mala conducta a los más altos niveles de la Oficina del Fiscal (cargo ocupado por la fiscal Fatou Bensouda).
La Fiscalía de la Corte Penal Internacional pidió a finales de 2017 abrir una investigación en Afganistán por supuestos crímenes de guerra y lesa humanidad a manos de talibanes, autoridades de país y tropas estadounidenses.
Según la solicitud entregada el 20 de noviembre de 2017 por la fiscal general, Fatou Bensouda, existen "bases razonables para creer" que talibanes, autoridades afganas y tropas estadounidenses cometieron crímenes de guerra y de lesa humanidad durante el conflicto en Afganistán.
El mismo documento advierte de que existe una "base razonable" para creer que miembros de la CIA practicaron torturas contra detenidos en centros secretos de la inteligencia estadounidense localizados en Polonia, Rumanía y Lituania.
En una comparecencia en el Departamento de Estado, el jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, junto con el secretario de Defensa, Mark Esper, y el fiscal general, William Barr, cargaron contra el tribunal internacional, al que acusaron de estar politizado.
A juicio de Barr, la CPI se ha convertido "en poco más que una herramienta política empleada por elites internacionales no responsables" para "manipular y minar las políticas exteriores de naciones soberanas democráticamente responsables".
"Estén tranquilos que los hombres y mujeres de las fuerzas armadas de EE.UU. no comparecerán nunca ante la CPI", subrayó por su parte Esper, el jefe del Pentágono.
Pompeo remarcó que estas restricciones y sanciones serán consideradas caso por caso.
La CPI rechazó este viernes las sanciones anunciadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y las calificó como "un intento inaceptable de interferir en el imperio de la ley".
El tribunal "respalda firmemente a su personal y a sus funcionarios y se mantiene firme en su compromiso de cumplir, de manera independiente e imparcial, el mandato que le confiere el Estatuto de Roma y los Estados que son parte de él", dijo la institución judicial en un comunicado.
El anuncio de la Casa Blanca se hizo "con el objetivo declarado de influir en las acciones de los funcionarios de la CPI en el contexto de las investigaciones", indicó el tribunal.
El presidente de la Asamblea de los Estados Partes, el órgano legislativo de la corte, también rechazó las sanciones y dijo en otro comunicado que "socavan el esfuerzo común para combatir la impunidad y garantizar la responsabilidad por las atrocidades masivas".
Este episodio es el último de la difícil relación entre el tribunal de La Haya y Washington, especialmente tensa desde que la Fiscalía pidiera en noviembre de 2017 abrir una investigación por la guerra de Afganistán.
