La situación se dio a conocer 10 días después, cuando el hospital alertó que su familiar seguía en la morgue.
Una familia de Castilla-La Mancha, en España, veló e incineró el cuerpo de un desconocido sin saberlo, tras recibir un cuerpo equivocado.
La situación se remonta al 6 de abril de 2025, cuando el hospital donde falleció el sujeto entregó por equivoación un cadáver a los servicios funerarios, sin que nadie se diera cuenta de que no correspondía al fallecido.
El error salió a la luz diez días después, cuando el hospital contactó a los familiares para informarles que se había producido una confusión y que el cuerpo de su verdadero familiar seguía en la morgue.
Tras lo sucedido, la familia presentó un reclamo contra el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), al que responsabilizó por lo ocurrido y por el sufrimiento de haber realizado los servicios funerarios sin haber podido ver ni despedir realmente a su familiar.
En el documento, los afectados acusaron al hospital de actuar "de forma totalmente negligente y contraria a la mínima diligencia exigible", y señalaron que la equivocación les impidió velar y despedir a su ser querido como correspondía.
La investigación administrativa también detectó problemas en los procedimientos del hospital, ya que la directora gerente del establecimiento reconoció que cuando ocurrieron los hechos, no existía un protocolo específico para gestionar este tipo de situaciones, informó El Español.
Durante el proceso, la aseguradora del Sescam defendió que los funcionarios sanitarios habían actuado correctamente y apuntó a la participación de dos empresas externas en el manejo de los cadáveres.
Una de ellas, dedicada a la seguridad, rechazó tener responsabilidad y sostuvo que sus trabajadores no estaban a cargo del traslado ni de la identificación de los fallecidos.
Sin embargo, el Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha concluyó que el servicio público sanitario debía responder por lo ocurrido, ya que era su responsabilidad garantizar que los cuerpos fueran correctamente identificados y custodiados, independientemente de que otras empresas participaran en el proceso.
La familia solicitó una indemnización de 42.000 euros, equivalentes a cerca de $46 millones de pesos chilenos por daño moral, ya que aseguraron que el episodio violó su derecho a despedirse dignamente de la persona fallecida.
No obstante, el organismo consideró que la cantidad solicitada era excesiva, debido a que no se presentaron informes médicos que acreditaran secuelas psicológicas.
Finalmente, el Consejo Consultivo determinó que el Sescam deberá pagar 18.000 euros, cerca de $20 millones de pesos chilenos, que se repartirán en partes iguales entre la viuda y sus cinco hijos.
