La canciller alemana sostuvo que "no existe mejor opción" que el FEEF.
Sin embargo, recalcó que el aporte germano no se incrementará.
La canciller alemana, Angela Merkel, afirmó que "el riesgo derivado de optimizar" el Fondo Europeo de Estabilización Financiera (FEEF) "es asumible" y que "no existe mejor opción".
En u
na declaración de gobierno ante el Bundestag, el parlamento germano, pocas horas antes de viajar a Bruselas, Merkel afirmó que "no sería responsable no asumir ese riesgo", en referencia a aprovechar la capacidad de endeudamiento del fondo de rescate y optimizar los recursos.
Agregó que ni la aportación alemana a este fondo -de 211.000 millones de euros en la actualidad- ni su volumen total -de 440.000 millones de euros- se van a incrementar, pero que se pueden aplicar fórmulas para "aumentar su efecto", excluyendo en todo momento la participación del Banco Central Europeo (BCE).
La canciller afirmó además que la medida decisiva que deben acordar los países de la zona euro y la Unión Europea (UE) esta tarde en la cumbre de líderes de Bruselas es crear "un cortafuegos" para evitar contagios en la crisis y nuevos casos como el de Grecia.
La jefa del Gobierno alemán subrayó que esa medida es una "condición indispensable" para que los acreedores privados participen en el rescate.
Merkel agregó que la solución definitiva pasa por una reducción parcial de la deuda griega -aunque no aportó cifras concretas- y por que Atenas implemente reformas estructurales que mejoren la competitividad de su economía bajo una supervisión permanente de la eurozona.
La canciller destacó igualmente que Europa necesita convertirse en "una unión de estabilidad".
También consideró necesario que se reformen los tratados de la UE para adaptarse a un mundo cambiante y que se "refuerce" el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, insinuando la necesidad de aplicar sanciones automáticas a los países que sobrepasen los límites de déficit.
La intervención de la canciller alemana se produjo poco antes de la votación de la ampliación del FEEF, una propuesta consensuada por los partidos de la coalición gubernamental y la oposición socialdemócrata y verde.
