La Fiscalía de París abrió una investigación tras un informe de la Seguridad Social que apunta a irregularidades en la forma en que Uber vinculó a sus conductores, lo que habría permitido evitar el pago de cotizaciones.
La Seguridad Social francesa reclama 1.700 millones de euros (unos 1.800.000 millones de pesos chilenos) a Uber porque considera que el gigante estadounidense cometió fraude al tener a sus conductores vinculados con un contrato de empresa para no declararlos como asalariados, con las cotizaciones que eso supone.
Revue21, una revista de investigación, revela este lunes que la Fiscalía de París abrió una investigación sobre la base de las conclusiones del organismo de la Seguridad Social encargado de recaudar las cotizaciones (Urssaf), que ha analizado la situación de 71.000 chóferes que trabajaron para Uber entre 2019 y 2022.
Su conclusión es que la empresa encubrió de forma voluntaria lo que era "una relación salarial como contrato de empresa" para no atenerse a "sus obligaciones como empleador".
Su estimación es que Uber tendría que haber pagado 1.200 millones de euros (1.200.000 millones de pesos chilenos) en cotizaciones por esos chóferes en tanto que empleados, ya que considera que su declaración como autónomos era ficticia dada la relación entre las dos partes, y a eso hay que añadir 512 millones de penalizaciones.
La Urssaf había lanzado el procedimiento el 17 de diciembre de 2024, con el envío a la compañía de una carta con sus observaciones.
