El Gobierno iraní aprobó un decreto que autoriza emitir permisos de conducir motocicletas a mujeres, lo que pone fin a una prohibición que se remonta a la fundación de la República Islámica, hace 47 años.
El vicepresidente primero de Irán, Mohamad Reza Aref, firmó el decreto que "ordena a la Policía de la República Islámica emitir permisos de conducir para mujeres", informó este miércoles la agencia ISNA.
El decreto establece además que la Policía debe formar a las aspirantes a conductoras, así como llevar a cabo los exámenes para obtener el permiso.
La aprobación de la medida se produce tras meses de debates en el país acerca de si se debía permitir a las mujeres conducir motos, algo que en la práctica ya ocurriría, pero de modo ilegal.
El motivo oficial era que el artículo 20 de la Ley de Tránsito iraní menciona a "hombres" en su apartado sobre los permisos de conducción de motocicletas, y ello llevaba a las autoridades a no emitir licencias a mujeres hasta ahora.
Hace una semana, la vicepresidenta iraní para Asuntos de la Mujer y la Familia, Zahra Behrouz-Azar, anunció que esto cambiaría en los próximos días y explicó que las mujeres deberán atender cursos impartidos por instructoras femeninas, y "en caso de escasez de personal, por hombres, (pero) siempre respetando las normas religiosas e islámicas".
La aprobación de la medida se produce tras las protestas más violentas en la historia de la República Islámica, que comenzaron por motivos económicos a finales de diciembre, pero pronto pasaron a exigir el fin del sistema político fundado por el ayatolá Ruholá Jomeiní en 1979.
Las autoridades iraníes acusan a Israel y Estados Unidos de provocar la violencia en unas protestas que según datos oficiales causaron 3.117 muertes, mientras ONG opositoras como HRANA, con sede en EE.UU., sitúan la cifra en 6.842 fallecidos, con otros 11.000 homicidios "posibles" en estudio, y más de 40 mil arrestos.
En su informe anual emitido hoy, Human Rights Watch denunció que en la República Islámica las mujeres y las niñas continúan haciendo frente a una grave discriminación y violencia, debido a leyes que les niegan derechos iguales a los de los hombres, en el matrimonio, el divorcio, la herencia y la custodia de los hijos, y las relegan a ser ciudadanas de segunda clase.