El Comité de Derechos Humanos consideró que la pena contra el ex magistrado fue "imprevisible al no estar basada en provisiones suficientemente explícitas".
En 2012, Garzón fue condenado a 11 años de inhabilitación por ordenar que se interceptaran las comunicaciones en el caso de corrupción Gürte.
El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas dictaminó que el ex juez español Baltasar Garzón fue inhabilitado en un "proceso arbitrario" cuando instruía el caso de corrupción Gürtel, y pide a España "una reparación efectiva" porque el Tribunal Supremo (TS) vulneró su presunción de inocencia.
La resolución del organismo de la ONU concluye que el TS no observó las preceptivas garantías de un proceso judicial cuando en 2012 lo condenó a 11 años de inhabilitación por ordenar que se interceptaran las comunicaciones que mantuvieron con su abogados los cabecillas de la trama Gürtel, relacionada con cargos del Partido Popular (conservador) español.
Garzón -que en ese entonces era magistrado de la Audiencia Nacional-, según el Comité de Derechos Humanos, tuvo un proceso judicial "arbitrario" y critica que fuese privado de una segunda instancia ante la que poder recurrir y exige al Estado español una "reparación integral" del ex magistrado en un plazo de seis meses, que borre sus antecedentes penales y le proporcione "una compensación adecuada por el daño sufrido".
"El Comité considera que la condena del autor fue arbitraria e imprevisible al no estar basada en provisiones suficientemente explícitas, claras y precisas que definan con exactitud la conducta prohibida", detalla el escrito y apuntan a que "el Estado parte tiene también la obligación de adoptar medidas para evitar que se cometan violaciones semejantes en el futuro".
Y añade que el Comité desea recibir del Estado español, en un plazo de 180 días, información sobre las medidas que haya adoptado para aplicar este dictamen y que le de publicidad.
Garzón cobró fama internacional por dictar en 1998 un auto de procesamiento del dictador Augusto Pinochet por la muerte y tortura de ciudadanos españoles durante su mandato, quien permaneció detenido durante casi cinco meses en el Reino Unido, aunque finalmente no fue extraditado a España.
