A hasta 15 años de cárcel pueden ser sentenciados los tres principales acusados en el proceso que se inició para hallar culpables en la mayor tragedia civil de Paraguay.
El juicio oral y público por el incendio del supermercado Ycuá Bolaños de Asunción que en agosto de 2004 dejó más de 360 muertos y cientos de heridos, comenzó este lunes contra los dueños y uno de los guardias de seguridad del local siniestrado.
Los principales acusados son Juan Pío Paiva, su hijo Víctor Daniel Paiva, y el guardia Daniel Areco, quien según la acusación fiscal, cuando comenzó el incendio bloqueó la salida para evitar actos de pillaje o que la gente se retirase sin pagar.
Otros cuatro miembros de la sociedad comercial que controla la cadena de supermercado Ycuá Bolaños también están procesados, aunque con expectativas de penas menos severas que los otros tres, quienes se exponen a hasta 15 años de cárcel.
El tribunal de sentencia, integrado por María Doddy Báez, Manuel Aguirre y Rubén Ovelar, juzgará a los Paiva y a Areco por homicidio doloso y lesión grave, mientras que el resto son procesados por "exposición de personas a lugares de trabajo peligrosos".
El juicio, que se desarrolla en el polideportivo de un centro militar de Asunción, es seguido por familiares de las víctimas de la peor tragedia civil en la historia ocurrida en el país, así como por otro grupo de damnificados, desde el oratorio que funciona en la acera frente al local siniestrado.
El juicio involucra a poco más de 1.000 personas, entre víctimas, familiares, fiscales, funcionarios, periodistas y los propios acusados, y la Fiscalía estima que durará varios meses, lapso en que declararán 200 testigos y participarán al menos 80 abogados.
El incendio del supermercado Ycuá Bolaños ocurrió el 1 de agosto de 2004, causó 367 muertos y 500 heridos, muchos de ellos con quemaduras graves, y la Fiscalía responsabiliza de la tragedia a los propietarios.
Según los investigadores, todo comenzó por la obstrucción en la chimenea de la parrilla del restaurante, al parecer por falta de mantenimiento, y las llamas atizadas por materiales sintéticos se propagaron con rapidez por el edificio, que estaba repleto de gente.
La alta mortandad fue atribuida a la orden que, según testigos y sobrevivientes, fue impartida por los Paiva a los guardias de seguridad para que bloquearan las salidas, lo que convirtió en el establecimiento en un verdadero infierno.
La tragedia también derivó en la apertura de expedientes contra el arquitecto Bernardo Ismachowiez, quien diseñó el edificio, y contra funcionarios municipales por falta de controles preceptivos de un local que no contaba con salidas de emergencia. (EFE)
