El acuerdo no sólo abarca el comercio de bienes y servicios, sino también una amplia gama de otras áreas de interés para la UE.
La Unión Europea y el Reino Unido han alcanzado "in extremis" un acuerdo histórico de libre comercio a partir del 1 de enero de 2021, un pacto de unas 2.000 páginas que fija las bases de una asociación económica y social entre el club comunitario y el que ha sido su miembro durante 47 años.
El acuerdo no sólo abarca el comercio de bienes y servicios, sino también una amplia gama de otras áreas de interés para la UE, como la inversión, la competencia, las ayudas estatales, la transparencia fiscal, el transporte aéreo y por carretera, la energía y la sostenibilidad, la pesca, la protección de datos y la coordinación de la seguridad social.
A falta de hacerse público en detalle, se conocen algunos de sus principales puntos:
Tras 47 años en el club comunitario y tres décadas plenamente integrado en el mercado único, el Reino Unido se arriesgaba a ver cómo sus productos y servicios pasaban a estar regulados por el marco general de la Organización Mundial del Comercio (OMS), que de media aplica un arancel del 3 % pero que en la automoción se eleva al 10 % y en algunos productos frescos supera el 30 %.
Finalmente, el acuerdo prevé el libre intercambio de bienes y servicios sin tarifas (aranceles) y sin cuotas (volumen máximo de cada producto), aunque el resultado implica más restricciones que las normas vigentes actualmente durante el llamado "período de transición", que se concedieron ambos bloques mientras negociaban el acuerdo.
Uno de los puntos de mayor desacuerdo entre Londres y Bruselas es lo que en las negociaciones se ha llamado "campo de juego nivelado", es decir, que se respeten los mismos estándares en aspectos como las reglas de competencia que deberán seguir las empresas británicas para garantizar que no reciben ayudas estatales que minen la competitividad de las firmas radicadas en la UE.
Por ello, el acuerdo sobre la relación entre la Unión Europea (UE) y el Reino Unido tras el Brexit incluye un mecanismo de resolución de disputas para garantizar la competencia justa entre las dos partes, mediante el cual Bruselas podrá imponer sanciones en forma de aranceles a Londres si rebaja sus estándares en ámbitos como el medioambiente.
El Reino Unido podrá hacer lo mismo con los Veintisiete si es el club comunitario el que aprueba unos estándares más laxos.
Para dar la máxima seguridad jurídica a las empresas, los consumidores y los ciudadanos, un capítulo dedicado a la gobernanza proporciona claridad sobre la forma en que se operará y controlará el acuerdo.
También establece un Consejo de Asociación Conjunta, que se asegurará de que el Acuerdo se aplique e interprete correctamente, y en el que se debatirán todas las cuestiones que surjan.
Los mecanismos vinculantes de aplicación y solución de controversias garantizarán el respeto de los derechos de las empresas, los consumidores y los individuos.
Esto significa que las empresas de la UE y el Reino Unido compiten en igualdad de condiciones y evitarán que cualquiera de las partes utilice su autonomía normativa para conceder subvenciones injustas o distorsionar la competencia.
Ambas partes pueden tomar represalias intersectoriales en caso de violaciones del acuerdo. Esta represalia intersectorial se aplica a todos los ámbitos de la asociación económica.
Con la salida de Reino Unido de la UE el próximo 1 de enero, el país abandona la Política Pesquera Común y pasa a ser un estado costero independiente, libre de decidir sobre el acceso a sus aguas.
El acuerdo logrado entre la UE y el Reino Unido incluye nuevas disposiciones para asegurar una gestión sostenible de las reservas pesqueras compartidas.
El acuerdo establece un periodo transitorio de cinco años y medio en el que estará garantizado el acceso recíproco a las aguas respectivas, con un recorte gradual del 25 % de las cuotas de la UE en esas aguas.
El acuerdo prevé una conectividad continua y sostenible por aire, carretera, ferrocarril y mar, aunque el acceso al mercado está por debajo de lo que ofrece el Mercado Único.
Incluye disposiciones para garantizar que la competencia entre los operadores de la UE y del Reino Unido se lleve a cabo en igualdad de condiciones, de modo que los derechos de los pasajeros, los derechos de los trabajadores y la seguridad del transporte no se vean menoscabados.
A partir de 1 de enero de 2021, se impondrán controles aduaneros con el Reino Unido, con lo que se da por hecho que seguirán viéndose largas colas de camiones de mercancías en puertos como el francés de Calais y o el británico de Dover.
Los servicios financieros londinenses estarán fuera del mercado único a partir del 1 de enero y quedarán sujetos a las decisiones que uno u otro bloque tomen sobre cada compañía en función de las normas de los reguladores de mercado del otro lado.
Garantizar los derechos de las ciudadanos británicos que residen en la UE y viceversa fue uno de los primeros puntos que Londres y Bruselas buscaron acordar tras el referéndum. Quienes antes del Brexit ya vivían al otro lado tienen sus derechos protegidos, incluyendo la seguridad social, en virtud del acuerdo de salida de 2019.
Esto concierne a los ciudadanos de la UE que trabajan, viajan o se trasladan al Reino Unido y a los nacionales del Reino Unido que trabajan, viajan o se trasladan a la UE después del 1 de enero de 2021.
A partir del 1 de enero, los británicos no podrán circular libremente, instalarse y trabajar o estudiar (tampoco como parte del programa Erasmus) en cualquier Estado miembro de la UE con los mismos derechos que un nacional del país, y viceversa con los europeos en el Reino Unido,
Los visitantes británicos que quieran acceder a la UE por motivos turísticos o laborales temporales necesitarán a partir de enero un pasaporte válido, no siendo posible usar únicamente el documento nacional de identidad como ahora, y deberán solicitar un visado para estancias superiores a 90 días, sometiéndose a controles fronterizos adicionales.
Londres y Bruselas siempre han señalado que tenían intención de seguir cooperando en materia de seguridad, pero el Reino Unido ya no tendrá acceso a la base de datos sensibles de la UE en materia de seguridad y justicia, ya que no participará en Europol ni en Eurojust.
Ahora bien, se establecen mecanismos para el intercambio rápido de datos e información sobre amenazas transfronterizas a la seguridad sanitaria e intercambio de información clasificada.
