"Está detenido, todo lo que diga puede ser usado en su contra", escuchó el ex dictador.
Fueron 503 días de arresto en Europa, en el ocaso de su impunidad.
Más lento que de costumbre por los sedantes, Augusto José Ramón Pinochet Ugarte no logró entender lo que le decía el agente de Scotland Yard. La frase además era en inglés, idioma que el entonces senador vitalicio no dominaba. "Está usted detenido, todo lo que diga puede ser usado en su contra", escuchó hace 10 años, el 16 de octubre de 1998.
Eso marcó el inicio de un periplo forzado que se extendería por 503 días en Londres, pero también el punto final de una serie de descuidos de Pinochet y su entorno, que reavivaron en Chile las pasiones entibiadas tras la dictadura.
A saber: el comandante en jefe del Ejército de la época, Oscar Izurieta, le recomendó que mejor se operara en Santiago de esa dolencia en la espalda que lo tenía a mal traer, porque en la capital británica Amnistía Internacional ya había interpuesto una querella en su contra en 1995, rechazada por un error en el trámite.
Eso no pasó tres años después. La denuncia se realizó ante la policía y luego ante la Justicia británica, tal como se pedía, y a las tres de la tarde Pinochet fue detenido en el octavo piso de una clínica en Londres, quién sabe si pensando en Izurieta o atontado todavía por el efecto de las pastillas.
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| La orden de detención. |
Los descuidos partieron antes. Pinochet viajaba con pasaporte diplomático y un respaldo oficial extendido por Cancillería, pero los papeles nunca se enviaron al Foreign Office para su aprobación. ¿La razón?, la cartera nunca recibió el detalle de quienes viajaban con el otrora dictador.
Pero el octogentario senador designado se sentía seguro en el Reino Unido. El 5 de octubre se había reunido con la ex primera ministra Margaret Thatcher a compartir un té, en un encuentro ampliamente difundido por la prensa nacional, que recordó los lazos de amistad entre ambos personajes.
Todo eso facilitó la acción del juez español Baltazar Garzón, quien redactó la orden de detención por genocidio, terrorismo y torturas.
En Chile las cosas pasaron igual de rápido: Joaquín Lavín, carta presidencial en ciernes de la derecha, alistaba las maletas a Londres y se vendían banderas cerca de la embajada británica a los ruidosos pinochetistas. Iván Moreira anunciaba una huelga de hambre que, también, se acabó rápidamente.
Desde el Gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle la consigna fue protestar por la detención de un senador en ejercicio y ya al día siguiente hubo un reclamo oficial. Una semana después, cerca de 30.000 personas se reunieron en el Parque O'Higgins para celebrar la detención en la "Fiesta por la Justicia", jornada que se extendió por cinco horas.
Ese estado de exaltación fue decayendo progresivamente hasta el 2 de marzo de 2000, cuando el ministro de Interior británico, Jack Straw, liberó al ex dictador por razones humanitarias. A esa fecha, las querellas por violaciones a los derechos humanos en Chile ya sumaban 81, muy por sobre las 12 presentadas antes de la detención. Y más de 100 se sumarían en los meses restantes.
La oleada de querellas terminaba por explicar la decepción que el Pinochet lúcido mostraba desde comienzos del proceso. La ocasión más clara fue el día de su cumpleaños número 83, el 25 de noviembre de 1998, cuando se alistaba para volver a la espera que la Cámara de los Lores confirmara su regreso a Chile, pero el tribunal revocó el fallo de la High Court y declaró que el ex dictador no tenía inmunidad.
Su aláter de entonces, Juan Carlos Salgado, le dio las noticias y logró reseñar la sensación pinochetista que empezó entonces: "Mi general, nos fue mal".
