Londres impulsa las querellas y la Mesa de Diálogo en Chile

Tres meses después de su retorno a Chile, cuando se levantó de la silla de ruedas para saludar a sus simpatizantes, la Corte de Apelaciones desaforó a Augusto Pinochet por su responsabilidad en el caso Caravana de la Muerte. La Suprema confirmó el dictamen el 8 de agosto de ese año.

Para ese entonces, las querellas por violaciones a los derechos humanos se sucedían por decenas cada mes. Las 12 interpuestas hasta octubre de 1998 -fecha de la detención en Londres- habían pasado a ser 165 al mes de la histórica decisión del máximo tribunal.

Los esfuerzos de la defensa de Pinochet en alegar problemas de salud dieron fruto en julio de 2002, cuando el otrora dictador fue sobreseído por demencia vascular subcortical. Pero Pinochet ya había apurado su salida del Senado y el papel central que desempeñó en la política chilena durante esos últimos 30 años.

Así las cosas, la Alianza por Chile inició un distanciamiento progresivo de la figura de su ex líder, al extremo de que sus dos candidatos en la Presidencial de 2005, Sebastián Piñera y Joaquín Lavín, intentaban desmarcarse, con matices, de su figura: mientras Piñera recalcaba que había votado "No" en 1988, Lavín insistía en que, si tuviera una segunda oportunidad, haría igual.

Cerca de un año después, la muerte sorprendió a Pinochet con tres causas pendientes: Caravana de la Muerte, Operación Colombo y el caso Riggs, el escándalo de las cuentas secretas del ex dictador, que en sectores del pinochetismo más duro fue recibida incluso con mayor impacto que los miles de casos de ejecución y tortura en dictadura.

Lagos, durante la entrega del informe de la Mesa de Diálogo.

Desde un comienzo, la instancia encontró dificultades: la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos se opuso alegando, entre otros argumentos, que la instancia busca frenar la acción de los tribunales de Justicia.

No obstante, abogados de derechos humanos sí se integraron a la mesa, que además de representantes de las Fuerzas Armadas y Carabineros contaba con delegados de instituciones religiosas o éticas, que actuarían como garantes e impulsores del diálogo.

Después de meses de conversaciones y un lento acercamiento -y pese a los esfuerzos que según José Zalaquett, integrante de la mesa, se realizaron "por evitar comentar" la detención de Pinochet-, la llegada del general a Santiago puso en evidencia las dificultades.

Ese 3 de marzo, el recibimiento de las Fuerzas Armadas derivó en un alejamiento entre abogados de DD.HH. y los representantes castrenses, y tras el impasse la propuesta final sólo fue firmada en junio, después de una jornada de negociaciones que llegó hasta la madrugada.

En el documento, las FF.AA. y de Orden se comprometían a desarrollar "los máximos esfuerzos posibles para obtener información útil para encontrar los restos de los detenidos desaparecidos o establecer su destino". Dichos esfuerzos mantienen insatisfechos a los familiares de las víctimas hasta hoy.