El ministro Raúl Rocha no pudo concurrir, por razones de salud, al pleno de la Corte de Apelaciones, lo que dejó en ascuas la resolución sobre la suerte del ex dictador en el proceso por sus cuentas secretas.
Hasta al menos la próxima semana quedó postergada la votación del pleno de la Corte de Apelaciones sobre la solicitud de desafuero en contra de Augusto Pinochet Ugarte, elevada al tribunal por el ministro en visita del caso Riggs, Sergio Muñoz.
A pesar de que este miércoles el tribunal de alzada debía resolver sobre el tema, tras escuchar el pasado 18 de mayo los alegatos de las partes, la ausencia -por motivos de salud- del magistrado Raúl Rocha impidió que se lograra el quórum necesario: los mismos 25 jueces que escucharon los argumentos de querellantes y la defensa de Pinochet.
El juez Muñoz pidió el desafuero de Pinochet luego de configurar su presunta participación en la declaración maliciosa de impuestos, al omitir rentas por 5.754 millones de pesos.
Además, el magistrado estima que el ex presidente incurrió en los delitos de obtención, confección y utilización de pasaportes y certificados de ingreso falsificados; acciones para eludir el embargo dispuesto por el juez español Baltasar Garzón, quien ordenó su captura internacional en 1998.
También se tipificó el presunto delito de negociación incompatible para la adquisición los terrenos de El Melocotón en San José de Maipo.
El ministro en visita busca determinar cómo Pinochet logró amasar su fortuna, la que según sus detractores sólo puede ser fruto del usufructo que el ex dictador hizo del Estado para su beneficio personal, pues sus remuneraciones como Presidente y general de Ejército hacen imposible, incluso con la realización de excelentes inversiones, reunir la cantidad de dinero que se le atribuye.
De hecho, durante los alegatos del pasado miércoles 18 de mayo, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) aseveró que entre el 29 de agosto de 2002 y el 11 de febrero de 2005, Pinochet realizó operaciones financieras personalmente.
La fecha de inicio de estas actividades coincide con el sobreseimiento que dictó a su favor la Corte Suprema respecto al caso Caravana de la Muerte, a raíz de consideraciones médicas.
Por el desafuero de Pinochet, además del CDE, alegaron el abogado Alfonso Insunza, el Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Fundación Salvador Allende.
La defensa del ex dictador fue asumida por el jurista Pablo Rodríguez, jefe del equipo de profesionales que presta servicios a Pinochet en las diversas causas, principalmente por violaciones a los derechos humanos, que ha sido vinculado.
