Clara Szczaranski afirmó que la relación entre el Banco Riggs y Pinochet da cuenta de "ordinarias maniobras de lavado de dinero", las que pueden ser investigadas independientemente de la fecha en que se realizaron.
La presidenta del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Clara Szczaranski, subrayó que los antecedentes que entregó el Senado de Estados Unidos sobre la relación entre el Banco Riggs y el general en retiro Augusto Pinochet es hasta ahora un caso de presunto "lavado de dinero", pues se intentó ocultar la relación entre los fondos y su titular. En conversación con El Diario de Cooperativa, la abogada señaló que "la responsabilidad de ser criminalizado radica estrictamente en el ciudadano Augusto Pinochet", mientras no aclare el origen de su patrimonio.
"Desgraciadamente, los hechos, en este minuto, se presentan como lavado de dinero, y de dinero ilícito, así es lo que resulta del informe de los Estados Unidos; ahora, por supuesto, él puede probar el origen", comentó.
La abogada afirmó que "las operaciones utilizadas para encubrir al titular de los fondos, esas operaciones que se realizaron en el (Banco) Riggs son propias, típicas, ordinarias maniobras de lavado de dinero. El lavado de dinero se hace, en el caso de las organizaciones criminales, para desconectar al titular de los fondos de los respectivos fondos, entonces eso transforma esto en una operación sospechosa, sospechosa aquí, en Estados Unidos y en cualquier país".
Szczaranski agregó que a Pinochet no se le conocen inversiones o propiedad de empresas, sino que sólo se sabe de su calidad de ex funcionario público, por lo que se incrementa la sospecha de que finalmente su patrimonio tenga origen en el erario.
"Si hay dinero privado, que habrá que probarlo, porque no basta con afirmarlo (...) sólo se generaría un problema de pago de impuestos. Si es dinero público, tenemos delitos distintos, principalmente el fraude al Estado. Si es dinero extranjero, también habría un problema de pagos de impuestos, eventualmente, en el extranjero", añadió.
Clara Szczaranski recalcó que la intención del CDE es perseguir un posible delito, cometido por una persona, que en ese caso es Augusto Pinochet, pero que está lejos de ser una persecución por motivos políticos, pues ello es parte del "derecho penal del siglo pasado".
"No hemos procedido en esto en relación con cuestionamientos políticos o históricos al general (Augusto) Pinochet, creemos que no es bueno confundir todos los planos, por ejemplo el de derechos humanos u otros, con esta específica situación que se ha planteado. Aquí estamos frente a un funcionario público, al que se lo conoce sólo como actividad haber sido comandante en jefe del Ejército, jefe supremo del Estado y luego senador, que tiene por lo tanto, una renta de funcionario público, esa renta no coincide con el monto de los depósitos" revelados por el informe del Senado de Estados Unidos.
De hecho, respecto del patrimonio que el mismo ex dictador declaró poseer ante el Banco Riggs, y que avaluó entre 50 y 100 millones de dólares, Szczaranski enfatizó que "no se puede haber juntado con sus recursos como funcionario público".
Según cálculos del CDE -detalló- si Pinochet hubiera juntado todas sus remuneraciones, sin gastar "nada en su subsistencia, no podría haber juntado más de dos millones y medio de dólares, en todos esos años".
Sobre la designación del juez Sergio Muñoz para indagar el caso, la profesional consideró que es un hecho adecuado, pues "es una persona que es muy eficiente, tiene mucho sentido de la investigación criminal, lo cual es importante, porque esa es la materia en la que estamos".
Asimismo, consideró que la realización de nuevos exámenes médicos al ex comandante en jefe del Ejército -quien fue sobreseido de causas derechos humanos por demencia- es algo que debe "evaluar el juez, y va a depender mucho de la actitud de él (Pinochet) y de la defensa, si se hace valer un fuero".
Finalmente, la titular del CDE dijo que la intención del organismo al no precisar el tipo de delito por el cual presentó ante la Justica su requerimiento, se basa en que "no se puede precisar sin conocer a fondo los hechos".
"Este dinero, si es de origen público, da lugar a un delito, porque está, sigue estando en manos de esta persona. No es que uno se gane los dineros ilícitos por prescripción", sentenció Szczaranski, quien agregó que incluso podrían utilizarse las nuevas leyes chilenas sobre lavado de dinero, en el caso que estos sigan estando en poder de Pinochet, ya sea en efectivo, bienes o valores.
