La defensa del ex dictador trabaja en un plan que neutraliza la principal línea de investigación del juez Sergio Muñoz, y que podría implicar un atenuante frente a una futura sentencia.
El ex dictador Augusto Pinochet Ugarte trazó una arriesgada maniobra, que de surtir efecto, podría salvarlo de un encausamiento por evasión tributaria, dentro de la investigación del juez Sergio Muñoz por las cuentas secretas que mantenía en el Riggs Bank de Estados Unidos. La defensa del octogenario general trabaja en lograr un acuerdo con el Servicio de Impuestos Internos (SII), para rectificar las declaraciones de impuestos que hizo el ex presidente entre 1998 y 2003.
Desde que se descubrieron las cuentas en el banco del país norteamericano, en julio de 2004, la defensa, familia y partidarios de Pinochet negaron a rajatabla que el ex gobernante de facto hubiera ocultado sus ingresos al Fisco. Ahora se asume que sí se omitieron los dineros que manejaba, hecho que motivó la presentación de una querella criminal por parte del SII, el 30 de septiembre de 2004.
Según publicó el diario La Tercera, el abogado Fernando Barros ya se ha reunido en varias ocasiones con altos funcionarios del organismo fiscal, con el objetivo de planear el pago de cerca de cinco millones de dólares al Estado, por concepto de ingresos omitidos y multas.
Sin embargo, la jugada del equipo que encabeza el jurista Pablo Rodríguez, ex miembro del grupo extremista de derecha Patria y Libertad, tiene su suerte en manos del juez Muñoz, pues para cancelar esta suma al SII, "Daniel López" (uno de los sobrenombres que usó Pinochet en el Riggs) debería contar con el pleno control de los cerca de 6,5 millones de dólares que aún tenía en Estados Unidos, fondos que están ahora en Chile, pero bajo el control del magistrado.
Este paso no sería algo normal dentro de la judicatura, pues si los recursos están congelados, es para evitar su blanqueo o que sean traspasados, lo que hace presumir que el magistrado se negará a levantar el embargo.
Este escenario ya fue analizado por los abogados del ex jefe de la junta militar que derrocó al presidente Salvador Allende, quienes apuestan porque los tribunales superiores, ya sea la Corte de Apelaciones de Santiago o la propia Corte Suprema, den luz verde al pago retroactivo de impuestos.
De acuerdo a las fuentes que citó el matutino, la "operación SII" se activó luego que la defensa del ex comandante en jefe del Ejército evaluara el avance del proceso que sustancia Muñoz, quien a fines de 2004 ya tenía antecedentes suficientes para pedir el desafuero de Pinochet por el delito de evasión tributaria y someterlo a proceso.
Esta es la arista más peligrosa para el ex dictador, puesto que los otros dos presuntos delitos indagados, la malversación de caudales públicos y lavado de dinero, son más difíciles de configurar.
De acuerdo a la legislación chilena, cualquier ciudadano puede solicitar a Impuestos Internos una rectificación de sus declaraciones de renta, por lo que Pinochet Ugarte sólo haría uso de un derecho legal.
Mas, este acuerdo sólo tiene validez civil y no penal, por lo que la investigación de Muñoz seguiría adelante, aunque sí puede ser un atenuante ante una condena por algún delito económico.
La suerte judicial de Pinochet no sólo pende de sus presuntas acciones ilegales en materia tributaria, pues actualmente está sometido a proceso por nueve secuestros calificados y un homicidio, dentro de la investigación del juez Juan Guzmán por la "Operación Cóndor", como se denominó al plan de coordinación entre las dictaduras militares de América del Sur para el exterminio, en la década de 1970, de opositores de izquierda.
Además, Augusto José Ramón Pinochet Ugarte está desaforado en la causa por el crimen de su predecesor en la comandancia en jefe del Ejército, Carlos Prats, quien murió el 30 de septiembre de 1974 en Buenos Aires, a raíz de un atentado que también cobró la vida de su esposa, Sofía Cuthbert.
El juez de este caso, Alejandro Solís, recogió en Estados Unidos el testimonio de Michael Tonwley y Armando Fernández Larios, dos ex agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), quienes –según fuentes judiciales– confirmaron que el propio Pinochet ofreció 25.000 dólares para el grupo que matara a Prats, oferta que se retiró por discrepancias al interior de la junta militar, lo que redundó en que fuera el organismo represivo que dirigía el general Manuel Contreras el encargado de la operación.
