La Asociación Chilena de Municipalidades aseguró que el paro convocado por el organismo permitirá que las personas sigan usando normalmente los servicios básicos a cargo de los gobiernos comunales.
El alcalde de Ñuñoa y presidente de la Asociación de Chilena de Municipalidades (AChM), Pedro Sabat, afirmó que explicó que el paro convocado para este 4 y 5 de mayo por el organismo no afectará servicios de salud, educación, recolección de basura y entrega de beneficios sociales.
Sólo no estarán abiertos los servicios de atención en el mismo municipio, como la dirección de obras, el departamento del tránsito y la entrega de patentes comerciales. "Es, entre comillas, un periodo de reflexión", indicó la autoridad en entrevista con El Diario de Cooperativa.
El objetivo del paro, explicó Sabat, es buscar que en el Parlamento se dicten medidas definitivas que den más independencia y desburocraticen a las jefaturas comunales.
"Estamos aburridos de ser los hermanos menores y los parientes pobres de la política chilena", recalcó, agregando que "parece que a algunos les gusta que los alcaldes estuviéramos de rodillas todo el tiempo y no estamos dispuestos a estar de esa forma".
"En materia municipal estamos definitivamente quedándonos muy atrás. Hoy día los municipios no tienen siquiera la capacidad de tapar los hoyos de las calles. Ni si quiera pueden decidir el sentido de una calle. O sea, es algo ridículo. Mientras todo el resto del mundo está avanzando en materia municipal y se le entregan cada vez más recursos, hoy día nosotros tenemos cada vez tenemos menos recursos y menos facultades y está cada vez centralizándose más la administración", señaló.
El objetivo es que los parlamentarios "se comprometan con las personas para solucionar los problemas de las municipalidades, hacerlas menos burocráticas".
El paro es una manera de la AChM de presionar por el pronto despacho de la ley de Rentas Municipales II y el proyecto que regula el artículo 110 de la Constitución.
El Senado devolvió a la Comisión de Gobierno el proyecto que regula el citado artículo, iniciativa que otorga mayores atribuciones a los ediles para licitar servicios, privatizar funciones y suprimir empleos al interior de los municipios.
