El proyecto cumple dos años en el Congreso sin ser ley.
Académicos de la Usach analizan si la normativa realmente evitará nuevas catástrofes o si se queda solo en lo punitivo.
A dos años de su ingreso al Congreso y tras los recientes siniestros en las regiones de Ñuble y Biobío, la discusión sobre la denominada "Ley de Incendios" cobra nueva urgencia. La Cámara de Diputadas y Diputados despachó el proyecto en marzo de 2024, pero el proyecto se frenó en la Comisión de Hacienda del Senado, a pesar de contar con la urgencia del Ejecutivo.
El objetivo principal del proyecto es evitar tragedias como el megaincendio de la Región de Valparaíso, que costó la vida a 138 personas. Sin embargo, especialistas de la Universidad de Santiago (Usach) han puesto en tela de juicio si el enfoque actual de la ley es el adecuado para evitar estas emergencias.
Para Leoncio Briones, académico de la Facultad de Arquitectura y Ambiente Construido de la Usach, el problema de la legislación actual radica en su naturaleza reactiva más que preventiva.
"Esta iniciativa se basa principalmente en castigos, de forma punible, relacionados con los incendios forestales, pero lógicamente no va a evitar que se sigan produciendo, ni va a eliminar sus consecuencias. Es necesario trabajar en serio en vías que permitan prevenirlos, que requiere financiamiento, una ley de por sí no elimina este problema", argumento Briones.
Esta visión es compartida por Jorge Morales Gamboni, exdirector regional de Conaf y académico de la misma facultad, quien sostiene que la ley "no tiene ninguna relación con las emergencias".
Según el experto, el proyecto falla en la estructura de incentivos: "Es una propuesta que aumenta mucho las multas por no hacer cortafuego y otras faenas de prevención, pero no presenta ningún incentivo para que esas faenas se hagan realmente".
Morales también abordó la capacidad operativa de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), "Podría hacer eso y mucho más, pero no tiene recursos financieros para hacerlo. Además, la autoridad no le asigna recursos porque prefiere asignar plata para combatir incendios".
Un punto recurrente en la discusión pública es la responsabilidad de las plantaciones forestales de pino o eucalipto en la propagación del fuego. Sin embargo, Morales desestimó que la solución pase por limitar ciertas especies.
"Los incendios no están relacionados con la especie. Un pino arde igual que un alerce o que un eucaliptus o que un roble o que un quillay. La prevención no está relacionada con esa línea, sino más bien cómo se relaciona con las ciudades en sus zonas de interfaz urbano/rural".
Uno de los aspectos más controversiales durante la tramitación fue el rechazo, por parte de la oposición, del artículo que prohibía el cambio de uso de suelo en zonas incendiadas por un plazo de 30 años.
Jorge Aranda, experto en derecho ambiental de la Facultad de Derecho de la Usach, defendió la importancia de este artículo rechazado para frenar proyectos inmobiliarios.
"Es importante esta ley y era importante ese artículo porque en la práctica cada vez que hay incendios forestales, no es raro ver que sobre el suelo que se ha quemado y sobre la flora que se ha perdido se realice algún tipo de proyecto, entre otros proyectos inmobiliarios".
Aranda explicó que la prohibición buscaba proteger los planes de manejo de preservación que exige la ley de bosque nativo, los cuales pueden ser eludidos tras un siniestro."Si se quema, si hay un incendio, se puede evitar usar este plan de manejo que impone un elenco de medidas cuando se desarrollan estos proyectos".
No obstante, sobre este punto existen matices. Mientras Morales sugiere que la prohibición debería aplicarse solo "si se demuestra un incendio intencional para tales efectos", Briones advierte "hay mejores alternativas para mitigar el problema de los incendios forestales" y que las restricciones deben ser técnicas y no arbitrarias.
