El presidente del Colegio de Profesores, Jorge Pavez, solicitó la intervención del Gobierno, a través del Ministerio de Educación (Mineduc), para poner fin a la movilización de docentes y paradocentes de liceos técnicos que mantiene a 9.000 estudiantes sin poder terminar el año escolar.
"El ministro (Bitar) nos dijo que a ellos como ministerio no les correspondía intervenir en un conflicto de carácter legal, que esta era una negociación colectiva, en que las partes tenían que encontrar una solución", señaló Pavez, y agregó que "creemos que evidentemente no puede el ministro de Educación hacer la vista gorda y decir 'esto no nos interesa' porque, repito, hay una parte importante del sistema de educación que está en una situación muy compleja".
Los profesores agrupados en la Federación de Sindicatos de la Enseñanza Media Técnico Profesional, de las ciudades de Santiago, San Fernando, Constitución, Curicó, Chillán y Concepción, no han logrado llegar a un acuerdo con la institución sostenedora de los establecimientos Corporación Privada de Desarrollo (Corpride), en el contexto de la negociación colectiva.
Según sus argumentos, la Corpride no ha cumplido sus compromisos y ha modificado sus remuneraciones y beneficios en su perjuicio.
La huelga lleva 17 días, lo que ha retrasado la aplicación de todos los contenidos correspondientes al año escolar, situación que tiene pendiente principalmente a los alumnos hasta tercero medio, que no han podido ser promovidos de curso.
Sin ambargo, los estudiantes de cuarto medio no tuvieron problemas para rendir las Pruebas de Selección Universitaria (PSU), efectuadas el pasado jueves 9 y viernes 11 de diciembre, ya que su periodo escolar culminó antes de que se iniciara la movilización.
En el Mineduc reconocen que no se deben marginar en cuando está en juego la enseñanza de tantos jóvenes.
Para el ministro Sergio Bitar, "el Ministerio no tiene capacidad de gestión directa. Lo que sí hace es poner su mejor voluntad para que se llegue a acuerdo, que se busquen consensos".
Al respecto, fue enfático al señalar la urgencia del acuerdo, pues "no vamos a aceptar que dañe a los niños, y por lo tanto, los compromisos tienen que cumplirse y en el caso límite el ministerio (podría) cancelar a la corporación que tiene el comodato y llamar a un concurso", mecanismo que se extendería por varios meses.