La modificación a la normativa que regula el sector educativo del país tendrá la rúbrica de la Presidenta y quedará en condiciones de ser derivado al Parlamento para su discusión.
Una de las principales reivindicaciones del movimiento secundario, la reforma a la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE), dará este lunes uno de sus primeros pasos con la firma del proyecto que será enviado al Congreso por el Gobierno.
Luego de meses de trabajo, que incluyeron la labor de la Comisión Asesora Presidencial para la Calidad de la Educación, donde participaron 81 personas de diferentes ámbitos del sector, finalmente la iniciativa podrá revisarse en el Parlamento.
La comisión fue uno de los anuncios gubernamentales que calmó los ánimos en julio de 2006, tras días en que el país vio como los secundarios se tomaban las calles protagonizando las mayores manifestaciones de este tipo en décadas, en lo que se conoció como la "revolución pingüina".
El nivel de la organización de los escolares, así como la violencia en que llegaron a actuar por momentos ante la represión policial, sorprendieron al país que comenzó a tomarlos en serio. Tanto que un buen número de ellos se sumó a la instancia que analizó diversas áreas del sistema educativo.
Además de cuestiones relativas al pase escolar y las becas para rendir la Prueba de Selección Universitaria (PSU), tradicionales en las movilizaciones estudiantiles, la reforma de la LOCE se instaló como una nueva y poderosa bandera de lucha.
La LOCE fue una de las últimas leyes que firmó la dictadura antes de dejar el poder. El 10 de marzo de 1990, un día antes del cambio de mando en que asumió el demócrata cristiano Patricio Aylwin Azócar, la junta que gobernaba el país promulgó la normativa que resumía una serie de modificaciones que la dictadura de Augusto Pinochet había realizado a la educación.
La ley de Subvenciones de 1981, el traspaso de la administración de los colegios fiscales a los municipios y una serie de preceptos tendientes a abrir la educación hacia el mercado terminaron por reflejarse en la famosa LOCE.
Uno de los principales puntos que se discute de la normativa es que coloca la libertad de enseñanza por encima el derecho a la educación.
Esto quiere decir que cualquier persona puede ser sostenedor de un establecimiento -teniendo los recursos para ello-, pudiendo reclamar incluso el derecho ante la Justicia.
Además, la legislación vigente permite que quien dirija una escuela elija a los estudiantes que aceptará en el colegio, pudiendo discriminar bajo las parámetros que estime conveniente lo que provoca la normal segregación entre sectores sociales e incluso cualidades intelectuales entre los diversos colegios.
Otro de los acápites cuestionados es que los colegios particulares que reciben subvención estatal -en este caso cerca de 30.000 pesos mensuales por estudiante-, no tienen ninguna obligación de rendir cuentas por el destino de los recursos en favor de la calidad de educación que entregan.
Ello, y el hecho de que la ley no prohíbe los fines de lucro en el campo educacional, lo que ha permitido que surjan verdaderos imperios de sostenedores, son tópicos altamente cuestionados.
La "revolución pingüina" instaló el debate que fue acogido por buena parte del espectro político. Incluso desde la derecha se oyeron voces que señalaban la urgencia de realizar modificaciones a la normativa de educación, aunque la dirección de esos cambios no siempre era la misma en todos los reclamos.
Pero la derecha será importante a la hora de trabar o destrabar el trámite de la reforma a la LOCE.
Por ser una ley orgánica constitucional -recurso utilizado por la dictadura en la Constitución que promulgó en 1980 para dificultar la modificación de este tipo de normativas-, su reforma requiere de un alto quorum en el Congreso.
Según el artículo 66, inciso dos, "las normas legales a las cuales la Constitución confiere el carácter de ley orgánica constitucional requerirán, para su aprobación, modificación o derogación, de las cuatro séptimas partes de los diputados y senadores en ejercicio".
En números, en la Cámara de Diputados, la reforma debe contar con el beneplácito de 68 parlamentarios, mientras que en el Senado se necesita del respaldo de 22 de sus integrantes. (Cooperativa.cl)
