Jurista Raúl Meza cuestionó la labor del ahora general (J) Juan Arab, y dijo que su ascenso pasó por la decisión que tomaron superiores ligados a la tragedia militar a quienes se negó a llamar a testificar.
El abogado Raúl Meza, representante de parte de los deudos de los 45 soldados muertos en Antuco, aseguró que el trabajo del fiscal militar Juan Arab fue y es la principal valla que han debido sortear para que se conozca la verdad sobre la tragedia de mayo de 2005.
En conversación con El Diario de Cooperativa, el jurista cuestionó de plano que el entonces coronel de Justicia Arab se haya negado a citar a declarar al ex comandante en jefe del Ejército Juan Emilio Cheyre, quien meses más tarde participó en la resolución de su ascenso a general y al cargo de auditor de la institución.
"El gran obstáculo que hemos tenido es que, desgraciadamente, la Corte Marcial designa un ministro militar (Juan Arab), y evidentemente frente a ese obstáculo casi insalvable, nos vemos con la dificultad de llegar aquí no a la verdad a medias, sino a toda la verdad", sentenció.
Meza insistió en que "dentro del mérito del proceso existen antecedentes que, a lo menos, justifican una responsabilidad superior y en consecuencia esa es la lucha que vamos a dar en las instancias judiciales superiores, llámese esto Corte de Apelaciones y también llegando a la Corte Suprema si es posible".
Entre estos antecedentes, el abogado mencionó los dos oficios que el Regimiento Nº 17 Los Angeles envió a superiores por la carencia de pertrechos que tenía para equipar a su tropa e incluso para garantizar las comunicaciones en la zona.
Estos documentos llegaron a la III División de Ejército, a cargo entonces del general Rodolfo González; al Comando de Operaciones Terrestres y a la Comandancia en Jefe.
"En la cadena del mando, claramente a nuestro juicio, habría una responsabilidad directa en cuanto a la tragedia ocurrida en Antuco", fustigó.
Raúl Meza recordó que pidió a Arab, en tres ocasiones, que citara a declarar a Cheyre, pero el fiscal "se negó permanentemente", a pesar de que el antiguo jefe del Ejército "tenía muchos y valiosos elementos que aportar".
"Porque él (Cheyre) participa de toda la labor de rescate y en consecuencia, él in situ y le consta personalmente en qué circunstancia encontró a los conscriptos, en qué lugares los encontró muertos, cuáles eran las condiciones climáticas", afirmó.
El jurista añadió que Cheyre y González eran "autoridades superiores jerárquicas del ministro a cargo de la causa", y de ellos "dependía su designación de general de la República".
"Me pregunto y le pregunto a la opinión pública: ¿Qué imparcialidad puede tener una persona de cuyo ascenso dentro de su carrera militar, incluso llegar al grado de general, dependía de estas dos personas?", cuestionó.
Respecto a las denuncias de algunos conscriptos sobrevivientes de Antuco, respecto a que los cuerpos de los 45 fallecidos fueron movidos y ubicados en otros lugares, Meza aclaró que eso no consta en el proceso, pero asumió que el tema "no se ha investigado suficientemente".
Lo que sí está comprobado, gracias a sus gestiones judiciales, es el consumo forzado de alcohol por parte de los reclutas, algo que durante la gestión de Arab fue "una verdad oculta".
Consultado por la audiencia que el lunes 15 de mayo tuvieron algunos familiares de las víctimas con la Presidenta Michelle Bachelet, el abogado Raúl Meza destacó la importancia "humana" que tuvo la reunión.
"Desde el punto de vista humano hubo un acercamiento, en cuanto a que la Presidenta entendió el dolor básicamente de las familias que están viviendo esta tragedia, de manera que ese acercamiento y esa señal que da la Presidenta de la República le resultó muy satisfactoria a lo menos a las mamás que concurrieron a esta audiencia", relató.
En términos legales, agregó Meza, se pidió a la Jefa de Estado un pronunciamiento sobre la ley indemnizatoria que la Cámara Baja demandó al Ejecutivo, luego del trabajo en la comisión especial que investigó la muerte de los soldados.
En entrevista con El Diario de Cooperativa, el jurista explicó que "en esa materia la Presidenta, cosa que nos sorprendió, se pronunció de manera inmediata en la misma audiencia, indicando que ella estimaba que era inconveniente desde el punto de vista legislativo reparar a las víctimas (...) y que el camino normal y natural de este tema era a través de los acuerdos judiciales que se estaban llevando a cabo a través del Consejo de Defensa del Estado".
El 18 de mayo de 2005, el mayor Patricio Cereceda ordenó a conscriptos en instrucción, de dotación del Regimiento Nº 17 Los Angeles, una marcha entre dos refugios cordilleranos en los faldeos del volcán Antuco cuando las condiciones del tiempo eran adversas.
Los cerca de 200 soldados que iniciaron la caminata se encontraron con el denominado "viento blanco", lo que los hizo perder la orientación.
Varios de ellos se perdieron de sus compañeros y murieron congelados en el lugar, en una de las peores tragedias que ha visto el Ejército chileno.
El mayor Patricio Cereceda fue sometido a proceso por incumplimiento de deberes militares y cuasidelito de homicidio, por la muerte de 44 soldados conscriptos y un sargento durante la marcha. Posteriormente fue dado de baja de la institución junto al coronel Roberto Mercado, jefe de la unidad militar, y a su otro subordinado directo, el teniente coronel Luis Pineda.
La Justicia Militar dictó en febrero pasado las condenas de primera instancia, que incluyen una pena de cinco años de cárcel para Cereceda. (Cooperativa.cl)
