El Gobierno pidió información judicial de una veintena de candidatos al alto mando del Ejército, incluido el coronel Rodolfo Ortega, cuestionado por organismos de derechos humanos.
La Corporación de Defensa de los Derechos del Pueblo (Codepu) se opuso al posible ascenso a general de Ejército del coronel Rodolfo Ortega Prado, quien tuvo un cargo de jefatura en la Central Nacional de Informaciones (CNI) y aparece involucrado en la desaparición de la militante socialista Susana Obando Coñué.
El caso se incluye en la investigación del Gobierno sobre la situación procesal en juicios por violaciones a los derechos humanos de una veintena de coroneles, candidatos para ascender a general en la próxima junta calificadora de la institución, en octubre próximo.
La petición de información de la situación procesal de los oficiales emanó desde los ministerios de Defensa e Interior, debido que a la Presidenta Michelle Bachelet le corresponde aprobar los ascensos.
El actual coronel Ortega fue jefe de la CNI en Punta Arenas entre 1986 y 1989, y es acusado de ser, en su calidad de jefe, uno de los responsables del crimen de la militante socialista Susana Obando Coñué, ocurrido el 26 de julio de 1988 en la capital de la Región de Magallanes.
La causa se encuentra sobreseída temporalmente por el juez de la Corte de Apelaciones de Santiago Joaquín Billard, pese a que la investigación del propio magistrado estableció que se trató de un homicidio, sin hallar a los culpables.
Los querellantes, entre ellos la madre de la víctima, Ema Coñué, y la Corporación de Defensa de los Derechos del Pueblo (Codepu) buscan nuevos antecedentes para aportar a la causa y pedir la reapertura del proceso.
Al menos 10 ex agentes de la CNI reconocieron durante el juicio a Ortega como quien daba las órdenes vinculadas a la represión en Punta Arenas.
El coronel declaró en la causa en calidad de "inculpado", admitiendo que fue el jefe de la CNI durante cuatro años en Punta Arenas, incluyendo el año en que Susana Obando fue asesinada, pero negó cualquier vinculación con el hecho.
El abogado de Codepu, Federico Aguirre, indicó que "nos parece muy grave que el gobierno de Chile pueda dar el visto bueno para que el coronel Rodolfo Ortega ascienda a general. Nuestro convicción es que él no puede llegar a integrar el cuerpo de generales".
El cuerpo de la joven militante socialista, de entonces 23 años, apareció en una playa de Punta Arenas el mismo día de su arresto por agentes de inteligencia, y la autopsia realizada por el capitán de fragata y médico de la Armada, Dámaso Montebruno Zuanic, determinó que la muerte ocurrió por "asfixia por inmersión en el mar de tipo suicida por depresión nerviosa".
No obstante, quienes vieron el cuerpo de la mujer, entre ellas su madre, advirtieron marcas en su cuerpo que se atribuyen a torturas y golpes. (EFE)
