Fiscal estimó que "sería improcedente" que el sacerdote acusado de violación sodomítica sea liberado e informó que se pesquisa si se cometieron otros abusos aparte de los dos denunciados.
Carolina Suazo, fiscal adjunta de Rancagua y experta delitos sexuales, señaló que el Ministerio Público trabaja para determinar si hay más niños internos en el hogar del Pequeño Cottolengo local abusados sexualmente, como los dos menores en que se comprobó una violación sodomítica, atribuidas al cura que dirige el establecimiento, de iniciales J.G.E.
"Vamos a partir con descartar, a través de pericias sexológicas y exámenes físicos, si efectivamente pudieran haber sido objeto de penetraciones vía anal, que es la investigación que nos convoca actualmente", dijo Suazo sobre los cerca de 140 menores que habitan el hogar rancagüino.
Consultada sobre la posibilidad de que este sábado el religioso sea puesto en libertad por la Justicia, la fiscal subrayó que "estimamos que por el hecho que se va a formalizar (el cargo) el día de mañana (sábado 30 de julio), ello sería improcedente".
En conversación con El Diario de Cooperativa, Suazo agregó que "hasta el momento", J.G.E. mantiene su declaración de inocencia, tal como manifestó a detectives de la Brigada de Delitos Sexuales de Investigaciones, quienes lo detuvieron la mañana del jueves 28 de julio.
La fiscal Suazo detalló que la investigación sobre los hechos registrados en el hogar, que depende de la Obra Don Orione, comenzó cuando "recibimos una denuncia directa, que señalaba que habían ocurrido agresiones sexuales al interior del hogar Pequeño Cottolengo. Luego, las pericias sexológicas arrojaron resultados positivos en relación a la existencia de violación sodomítica (por vía anal). La pericia es un examen médico legal, físico, a al menos dos víctimas, que arrojan lamentablemente ese resultado".
"Se trata de dos víctimas con deficiencia mental. En un caso hemos logrado obtener un muy breve relato de la víctima; pero en el otro (caso) la víctima no tiene lenguaje, pero sí existen otros antecedentes que nos han permitido concluir la participación del detenido en los hechos", agregó.
Los afectados son un joven de 17 años con "retraso mental moderado" y un niño de 13, que presenta "retraso mental severo y con un trastorno autista".
Respecto de la decisión del juez, que prohibió a los medios de comunicación dar a conocer el rostro y el nombre del imputado, Suazo comentó que se trató de "una decisión del Tribunal de Garantía (de Rancagua), a solicitud de la defensa del detenido".
Sin embargo, descartó que se trate de una medida que afecte la libertad de prensa, pues "creemos que en caso específico se ha informado a la ciudadanía de los hechos, en forma clara y precisa".
