El proyecto de ley de reajuste a los sueldos del sector público llegó al Senado después de que la Cámara Baja aprobara la mayoría de sus artículos a excepción del que exige justificar la no renovación de contratos a los funcionarios, que ha sido fuertmente criticada por la oposición por constituir un supuesto "amarre" en los cargos públicos.
El proyecto aterrizó en la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta y el ministro de la cartera, Nicolás Grau, anunció que buscarán reponer dicha norma: "Vamos a hacerlo no con la propuesta inicial de (que se aplique a los funcionarios que lleven trabajando mínimo bajo contrato) dos años, sino con la de cinco años para descartar que esto tenga cualquier motivación respecto de gente que ingresó a trabajar durante nuestro Gobierno", indicó.
"Voy a hacer un esfuerzo de ojalá convencerlos (a personeros opositores) respecto a lo que acá se está haciendo, porque lo que se hace con esta propuesta es, básicamente, evitar discrecionalidades. La no renovación de una contrata requiere una justificación", sostuvo.
"Lo importante que hace este proyecto de ley es que pone en norma algo que llevamos haciendo hace mucho tiempo. Parte del instructivo que se dio, por ejemplo, en el primer gobierno del Presidente Piñera, que especifica exactamente esto", afirmó Grau.
Asimismo, "como Ejecutivo, compartimos que esté pendiente una reforma del trabajo en el sector público, porque cuando uno tiene casi 300 mil personas trabajando a contrata, eso no es un trabajo transitorio", agregó.
Se estima que la tramitación del proyecto de reajuste se retome el lunes por la mencionada comisión, ya que quedaron pendientes dos audiencias en las que fueron invitadas de nuevo la contralora Dorothy Pérez y la presidenta del Consejo Fiscal Autónomo, Paula Benavides, a fin de que repitan sus exposiciones ya hechas en la Cámara.
La instancia buscará votar todo el proyecto esa misma jornada para que el martes pase a la Sala y el miércoles desarrolle su tercer trámite legislativo en la Cámara de Diputados, que posiblemente mandará la propuesta a revisión de una comisión mixta.
La norma de confianza legítima o estabilidad laboral para el personal a contrata del sector público se ve con recelo en la derecha, que además criticó la aprobación del proyecto de reajuste en su totalidad porque -según dicen- se hizo a pesar de que no existen recursos para ello.
Jueces de Policía Local acusan que no fueron considerados en el reajuste
En la etapa de audiencias de esta mañana, expusieron dirigentes de diversas organizaciones de funcionarios, entre ellos el presidente del Instituto Nacional de Jueces de Policía Local, Francisco Ríos, y el juez de policía local de Lo Barnechea, Javier Lema, quienes abogaron ante la comisión por un mejoramiento en sus asignaciones.
"Somos el único gremio que quedó excluido de la ley de reajuste, pese a tener un proyecto que es autofinanciable y que no implica un gasto al erario nacional. Se financia con el aumento sostenido que tienen las multas de los Juzgados de Policía Local a lo largo de estos últimos cinco años; recaudan más de 300 mil millones de pesos", aseguraron.
En contraparte, el presidente de la Fenats Unitaria (Federación Nacional de Trabajadores de la Salud), Ricardo Ruiz, discrepó con la contralora Dorothy Pérez -quien afirmó que aprobar la norma de estabilidad laboral afectaría a la carrera funcionaria- y llamó a que el proyecto se despache.
"Hoy solamente el 30% de funcionarios tiene carrera de funcionarios y el otro 70% es a contrata. Por lo tanto, necesitamos estabilidad laboral. Creemos que la norma de cinco años hace sentido con lo que planteó la Corte Suprema", dijo.
En la misma línea, la directora nacional de la Confederación Nacional de Empleados Municipales (Asemuch), Lisetty Sotelo, expresó: "Entendemos ahora que la norma será incorporada nuevamente a través de una indicación y que, esperamos, se vote por separado y no en paquete para no exponernos de nuevo a esta lamentable situación".
Senador Insulza alerta que otro artículo del proyecto "viola un tratado suscrito por Chile"
Por su parte, el senador PS José Miguel Insulza denunció que otro de los artículos contenidos en el proyecto "atenta contra un tratado (internacional) suscrito por el Estado de Chile".
El mentado artículo criticado por el parlamentario exime, del cese de funciones, a los funcionarios de 75 años que se desempeñan como autoridades unipersonales o académicos de excelencia en las universidades estatales del país.
La norma general fue fijada por la Ley de Reajuste 2024-2025, que señala -a su vez- que desde el 1 de enero de 2027 se pondrá fin a la carrera funcionaria de quienes cumplan dicho límite de edad.
"En la fijación de edad para el retiro de las personas se atenta contra un tratado suscrito por el Estado de Chile, que es específico al decir que la discriminación de edad no cabe (en el cese de funciones), dijo Insulza.
"Firmamos un tratado internacional, lo ratificamos y después lo violamos. Esto le va a causar una demanda a las instituciones en las cuales se apruebe este tratado. Es bien lógico", advirtió el senador PS.
