Los jueces rechazaron el informe de los diputados sobre el Servicio Nacional de Menores.
Aseguran que la Corte ha hecho todo lo posible para ayudar en la materia.
De acuerdo a los jueces, la investigación quebrantó "el orden constitucional".
El pleno de la Corte Suprema rechazó los resultados entregados por la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados sobre las irregularidades en el Sename.
El informe de la Cámara declaró que existió inacción de la Corte Suprema y el Ministerio de Justicia en el denominado "Proyecto de levantamiento y unificación de información referente a niños, niñas y adolescentes en el Sistema Residencial de Chile".
Trece puntos tiene el acta, de los cuales seis fueron aprobados por unanimidad. A partir del séptimo punto, la declaración apunta directamente a las responsabilidades de la Cámara, a quienes acusan de tomarse atribuciones que no corresponden y de proceder inscontitucional.
En un comunicado leído por la jueza Gloria Ana Chevesich tras más de tres horas de reunión, comentaron que "la Honorable Cámara de Diputados ha afectado gravemente el principio de separación de poderes, pilar fundamental en un Estado Democrático de Derecho, conforme al cual la función fiscalizadora de la referida Cámara se encuentra autorizada constitucionalmente respecto de los actos del Gobierno, pero en ningún caso respecto del Poder Judicial".
"Quebrantamiento de nuestro orden constitucional"
El texto de los 16 ministros señala que "la Corte Suprema de Justicia guardó silencio al observar el quebrantamiento de nuestro orden constitucional" y que la Cámara "se arrogó facultades de las que carece y que la Constitución Política de la República no le entrega".
En el documento se añade que "no se trata de una competencia de quien ha realizado más acciones en favor de los menores, sino de dejar en claro el obrar de esta Corte, que refleja en hechos y acciones concretas su interés por abordar una materia que no ha tenido una idéntica respuesta de las demás autoridades estatales".
El informe de la Cámara apuntaba, entre sus responsables, al ministro Héctor Carreño, encargado de la Unidad de Familia durante el periodo en que se dio a conocer el informe en conjunto entre la Unicef y Poder Judicial que detectaba delitos al interior de los centros de niños y jóvenes.
Chevesich manifestó que "se destaca especialmente el proceder inconstitucional de la H. Cámara de Diputados al declarar anticipadamente la responsabilidad constitucional y política de un ministro de este tribunal, sin seguir el procedimiento dispuesto en la carta política".
Fueron cinco los ministros de la Corte que no estuvieron de acuerdo a partir del séptimo punto en adelante.
